Empleo
Trabajo busca fijar en el 15% la contratación pública reservada a empresas sociales
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social está trabajando para impulsar un acuerdo del Consejo de Ministros para establecer una reserva mínima del 15% de determinados contratos públicos de la Administración General del Estado para empresas sociales, con el objetivo de reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.
La iniciativa, promovida conjuntamente con los ministerios de Hacienda y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece que la reserva se calculará como promedio anual sobre el precio de adjudicación de los contratos formalizados en los tres ejercicios anteriores en las actividades incluidas en el acuerdo.
Esta reserva podrá aplicarse a contratos completos o a algunos de sus lotes. Las entidades beneficiarias serán las empresas de inclusión de personas con discapacidad, anteriormente denominadas centros especiales de empleo de iniciativa social, así como las empresas de inserción que cumplan los requisitos legales establecidos.
El ámbito de aplicación abarca un amplio catálogo de actividades, entre ellas servicios de limpieza, lavandería, hostelería y restauración, recogida y gestión de residuos, transporte, almacenamiento y reparto, trabajos administrativos, mantenimiento y reparación, servicios forestales, imprenta, diseño gráfico, comunicación, formación profesional y servicios sociales.
Según el proyecto, esta medida busca ampliar la participación de las empresas de economía social en la contratación pública y proporcionar una mayor estabilidad y previsibilidad a organizaciones que tienen entre sus objetivos la creación de empleo para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
La propuesta contempla además que los contratos reservados figuren en los planes anuales de contratación pública, incluyendo una previsión de las fechas de licitación, con el fin de facilitar la preparación de las entidades interesadas.
Asimismo, prevé actuaciones de formación y sensibilización dentro de las administraciones públicas para favorecer el uso de esta herramienta y, con carácter general, elimina la exigencia de garantía definitiva en estos procedimientos, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
(SERVIMEDIA)
18 Nov 2026
JMS/clc
