España pasó de importar 3.400 millones de Irán en 2010 a 51 en 2013España pasó de importar bienes de Irán por valor de 3.400 millones de euros (el 90% de los mismos por petróleo) en 2010 a 51 en 2013, según expuso hoy el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, para avalar su tesis de que ha sido la política de la UE de sancionar para luego negociar la que ha permitido el acuerdo en materia nuclear
ETA. Amaiur impide la aprobación de la iniciativa favorable a quitar los subsidios a excarcelados de ETAUn veto de Amaiur impidió este jueves en el Congreso de los Diputados la aprobación de una iniciativa acordada por UPyD y PP favorable a suprimir los subsidios de excarcelación a presos de ETA que no cumplan requisitos adicionales, como el perdón expreso a las víctimas, el arrepentimiento o la colaboración con la Justicia
Doctrina Parot. La AME pide juzgar por lo militar a López Guerra y los gobiernos que han renunciado a castigar a ETALa Asociación de Militares Españoles (AME) reclamó hoy que "sean juzgados bajo el fuero militar como reos de conspiración y traición consumadas a España", todos aquéllos que "por comisión u omisión", han colaborado con ETA, incluidos el juez Luis López Guerra y los gobiernos que "teniendo los medios y facultades para poner coto al terrorismo, no lo han hecho"
Gallardón dice que “nunca” en España se ha combatido más la corrupciónEl ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró hoy que “nunca” en la Historia de España ha habido una respuesta a la corrupción como la que está poniendo en marcha el Gobierno con medidas como la reforma del Código Penal
Gibraltar. El bunkering podrá sancionarse a partir de 2014El ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Miguel Arias Cañete, anunció hoy la modificación con carácter de urgencia de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para “colmar una laguna legal” que impedía sancionar las operaciones de abastecimiento de combustible por parte de ‘buques gasolinera’ y que se podrán sancionar “a principios” de 2014
Gibraltar. El alcalde de Algeciras aplaude las sanciones contra las gasolineras flotantesEl alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aseguró este viernes que la decisión del Gobierno de cambiar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para sancionar a las gasolineras flotantes que suministran combustible a los buques que circulan por el Estrecho es “maravillosa para minimizar y reducir los riesgos de accidentes medioambientales”
El Consejo de Ministros analiza una norma para sancionar el ‘bunkering’El Consejo de Ministros, que este viernes celebra su primera reunión tras las vacaciones de verano, analizará una propuesta para regular la práctica del 'bunkering' en los alrededores de Gibraltar, lo que permitiría sancionar a los barcos que aprovechan actualmente un "vacío jurídico” para realizar esta práctica peligrosa para el medio ambiente
AmpliaciónGibraltar. Cañete llevará al Consejo de Ministros una norma para sancionar el ‘bunkering’El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reconoció este jueves que "es tremendamente difícil sancionar” la práctica del 'bunkering' en los alrededores de Gibraltar porque no lo contempla el derecho español y anunció que llevará al próximo Consejo de Ministros una norma para corregir “este vacío jurídico”
AvanceGibraltar. Cañete llevará al Consejo de Ministros una norma para sancionar el ‘bunkering’El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reconoció este jueves que “es tremendamente difícil sancionar” la práctica del 'bunkering' en los alrededores de Gibraltar porque no lo contempla el derecho español y anunció que llevará al próximo Consejo de Ministros una norma para corregir “este vacío jurídico”
Cepes valora positivamente el Plan de Empresa y Derechos Humanos del GobiernoLa Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) “valora positivamente” el borrador del Plan de Empresa y Derechos Humanos propuesto por el Gobierno de España. Este obligará a las grandes empresas privadas y de capital público a medir y comunicar anualmente, de manera pública y transparente, el impacto de sus actividades en materia de derechos humanos, según informa hoy la organizáción