En octubre de 2016 hubo ataques coordinados contra puestos fronterizos de la policía en el norte del Estado de Rakáin (Myanmar), atribuidos a insurgentes ‘rohinyás’. El ejército birmano respondió con una violenta ofensiva militar de mano dura. Soldados y policías dispararon indiscriminadamente contra civiles, violaron a mujeres y niñas, incendiaron aldeas enteras y arrestaron arbitrariamente a hombres ‘rohingya’. Ello desató graves abusos a los derechos humanos y un primer éxodo masivo que anticipó la crisis humanitaria de 2017.

Mallika, de 36 años, vive con su familia en el Campamento 19 de Cox's Bazar desde su llegada a Bangladesh en 2017. “Cuando llegamos, apenas recibíamos ayuda y sufrimos mucho. Después, las ONG nos brindaron diversos servicios y apoyo vital. Pero ahora la ayuda está disminuyendo. Antes compraba mejor comida para mis hijos. Ahora pido dinero prestado para cubrir nuestras necesidades básicas. Es muy difícil sobrevivir”, apunta en declaraciones facilitadas por Oxfam Intermón.

Desde el desplazamiento masivo de 2017, Bangladés, las comunidades de acogida y los socios internacionales han mantenido una de las mayores respuestas humanitarias del mundo, proporcionando alimentos, agua potable y saneamiento, refugio, atención médica, protección, educación y preparación ante desastres a las personas refugiadas ‘rohinyás’ procedentes de Myanmar.

CRISIS PROLONGADA

Sin embargo, lo que comenzó como una respuesta de emergencia se ha convertido en una crisis prolongada. Cerca de 1,2 millones de personas refugiadas ‘rohinyás’ viven en Bangladesh, incluyendo unas 150.000 recién llegadas que huyeron de la renovada violencia en Myanmar desde principios de 2024, según apuntó este martes Oxfam Intermón.

El Plan de Respuesta Conjunta revisado para 2026 solicita 710,5 millones de dólares para llegar a hasta 1,56 millones de personas refugiadas ‘rohinyás’ y miembros de las comunidades de acogida bangladesíes. Este llamamiento, priorizado al máximo, es un 26% inferior al requerido para 2025 y cubre solo lo mínimo necesario para mantener la asistencia vital.

Hay déficits de financiación. En 2025, el primer año del Plan Conjunto de Respuesta 2025-26, los donantes solo cubrieron un 46% del llamamiento de 934,5 millones de dólares, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Las restricciones presupuestarias están obligando a recortar fondos en los sectores de agua, saneamiento e higiene, así como alimentación, salud y protección. “El mayor peligro es acostumbrarnos a esta crisis”, lamenta Anil Pant, director de Oxfam en Bangladés.

Pant añade: “La presión financiera amenaza ahora los sistemas construidos durante casi una década. Debemos proteger los servicios vitales, fortalecer la resiliencia y la capacidad local, apoyar a las comunidades de acogida y renovar la acción colectiva para lograr soluciones seguras, voluntarias, dignas y sostenibles”.

FRAGILIDAD

Un nuevo informe de Oxfam muestra que las intervenciones de emergencia en materia de agua, saneamiento e higiene en Cox’s Bazar se han convertido en un vasto sistema humanitario de salud pública que incluye 298 redes de agua, 320 pozos de producción, 768 depósitos de agua, más de 7000 grifos, casi 49 500 letrinas y 167 plantas de tratamiento de aguas fecales.

Sin embargo, el envejecimiento de las infraestructuras, la escasez de agua durante la estación seca, la exposición a los monzones, el control operativo desigual y la reducción de la financiación exponen la fragilidad del lugar.

Para las mujeres y las niñas, la presión sobre los servicios de agua y saneamiento también es una cuestión de seguridad, privacidad y dignidad. Asmat Ara, de 24 años y que vive con seis familiares en el campamento ‘rohinyás’ de Teknaf, afirma que la escasez de suministros de higiene y el acceso limitado a instalaciones seguras dificultan su vida diaria.

“Si se hace muy tarde, tengo miedo de salir. A veces, los chicos se reúnen afuera y hacen comentarios. Nunca salgo sola por la noche; siempre voy con mi madre”, apunta. También describe la creciente presión sobre el apoyo a la higiene menstrual: “Se deberían proporcionar nuevamente compresas y mejorar el material. También necesitamos más jabón”.

El informe de Oxfam concluye que proteger la salud pública requiere financiación sostenido para operaciones y mantenimiento, control de la calidad del agua, tratamiento de saneamiento, gestión de residuos y drenaje, acceso seguro, rendición de cuentas de la comunidad y acción rápida ante la aparición de riesgos para la salud.

Oxfam Intermón llama a la comunidad internacional a proporcionar financiación predecible, proteger los servicios esenciales y fortalecer las respuestas lideradas localmente y la resiliencia de las comunidades de acogida.