Según los datos de los que dispone la asociación, un 35% de ellos son personas que no han obtenido el carné de conducir, otro 25% son conductores a los que la autoridad judicial o administrativa les ha retirado el permiso y el 40% restante tiene un carné que no les habilia para conducir en España, como ocurre con los inmigrantes con cuyos países de origen no se han firmado los correspondientes convenios de reconocimiento recíproco de permisos de conducir.

Hasta ahora, estos conductores se enfrentaban a una sanción de 300 euros, pero la nueva normativa que acaba de entrar en vigor incluye además la capacidad para ordenar el depósito de los vehículos durante un mes, pudiendo llegar hasta tres en caso de reincidencia.

Según denuncia AEA, algunos ayuntamientos están plicando mal esta norma, ya que retienen en los depósitos de la grúa municipal coches cuyos conductores han sido multados por circular sin carné y se niegan a entregárselos a sus propietarios.

Además, critican que algunos conductores hayan tenido que hacer frente al coste de este depósito, cuando la ley no establece dónde se tiene que inmovilizar el vehículo.