Así lo anunció este miércoles Joaquín Jiménez, miembro del comité de huelga y presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados junto con representantes de la oposición en la Cámara Baja.

De esta forma, concluye así un largo conflicto con 65 días de huelga de lunes a miércoles desde el pasado 19 de junio, excepto agosto, lo que ha supuesto el aplazamiento de más de 210.000 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir y pérdidas de más de 90 millones de euros para los centros de formación vial, según señalaron a Servimedia fuentes de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Jiménez indicó que la huelga fue “la más larga de la historia dentro de la Administración” e indicó que la desconvocatoria se produce tras el compromiso de los grupos de la oposición de llevar el aumento del salario a los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone alrededor de 2,75 millones de euros anuales.

Subrayó que los examinadores de tráfico “nunca” quisieron “perjudicar” a los ciudadanos, pero admitió que así ha sido, por lo que pidió “disculpas” en nombre de este colectivo de funcionarios. Precisó que el fin del conflicto sólo será “definitivo” cuando vean en sus nóminas el incremento salarial demandado en los últimos meses. “De sentirse defraudado este colectivo en su legítimas expectativas, sabrá responder unido y dejar constancia de su malestar en cuantas acciones los propios examinadores consideren realizar”, advirtió.

Jiménez instó a la DGT a “abandonar su actitud absolutamente pasiva” y aceptar la última propuesta enviada por los examinadores el pasado 1 de diciembre, la cual, según aseguró, fue “prácticamente consensuada” con Tráfico, si bien agregó: “Desde el primer día nos hemos sentido engañados”.

Recalcó que los más de cinco meses de paros ha supuesto la pérdida de más de 3.000 euros para cada examinador y que “no se puede achacar a la huelga” que se haya producido un “embudo” en los últimos meses para sacarse el carné de conducir, sino a la falta de personal, por lo que deseó que la plantilla vuelva a acercarse a los 1.000 que la conformaban en 2007.

PORTAVOCES PARLAMENTARIOS

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pablo Bellido, afirmó que el Gobierno “no ha cumplido” con los examinadores de tráfico en resolver una situación que cuesta cerca de tres millones de euros, pero al Estado le ha costado 15 millones, cantidad que ha dejado de ingresar en tasas.

Jorge Luis Bail, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, calificó de “absoluta irracionalidad e irresponsabilidad” la actitud de la DGT y el Ministerio de Hacienda y Función Pública por no ofrecer el complemento específico que piden los examinadores, y valoró el “acuerdo unánime” de todos los grupos de la oposición para desatascar el conflicto.

Irene Rivera, de Ciudadanos, puso en valor el consenso de los partidos de la oposición para que se desconvoque la huelga, lo que consideró “una gran noticia” para que los ciudadanos puedan obtener el carné de conducir y para las 30.000 familias que forman parte del sector de las autoescuelas.

Joan Olòriz (Esquerra Republicana) señaló que en el conflicto de los examinadores de tráfico se ha producido “el fracaso del método M. Rajoy”, es decir, “no hacer nada esperando que lo demás se soluciona”, y Antoni Postius (PDeCAT) comentó que el Gobierno ha hecho “una dejadez clarísima de sus funciones” y ha mostrado “una voluntad nula de llegar a acuerdos” con los examinadores.

CRONOLOGÍA DE LA HUELGA

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2015, cuando la DGT y el comité de huelga de los examinadores de tráfico firmaron un acuerdo después de que este colectivo de funcionarios mantuviera 32 jornadas de paros en demanda de una mejora de sus condiciones laborales.

Los examinadores retomaron las movilizaciones el pasado 2 de junio, con una concentración ante la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en demanda de una subida lineal de 214 euros mensuales (250 euros repartidos en 14 pagas) como complemento específico.

Tanto la DGT como el comité de huelga acercaron posturas en una reunión mantenida el pasado 14 de noviembre, pero el conflicto se enconó después de que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunciara después que impondría el 50% de servicios mínimos si la huelga se prolongaba en diciembre. Los examinadores redoblaron el pulso registrando la documentación pertinente para ampliar los paros este mes.

Representantes de la DGT y del comité de huelga de los examinadores volvieron a reunirse en Madrid el 28 de noviembre, donde desde Tráfico reiteraron que decretarían el 50% de servicios mínimos, que los examinadores rechazaron al no considerar los exámenes prácticos para sacarse el carné de conducir como un servicio esencial, por lo que anunciaron que lo recurrirían a los tribunales. Sin embargo, en la reunión hubo avances en las negociaciones y la puerta quedó abierta a un acuerdo.

Entonces, los examinadores entendieron que la DGT no podía subirles el sueldo y una delegación del comité de huelga se reunió al día siguiente con los portavoces de todos los grupos de la oposición en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, un encuentro que resultó clave para la resolución del conflicto.

La huelga ya estaba cerca de llegar a su fin después de que la oposición se comprometiera por escrito a llevar a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 la subida salarial de 250 euros en 14 pagas que venían reclamando los examinadores desde hace meses.

Los portavoces firmaron un documento en el que se comprometieron “públicamente a alcanzar los acuerdos necesarios o impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 sea incluido un aumento del complemento específico del colectivo examinador de tráfico”.

Sin embargo, Asextra presentó el martes de la semana pasada un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir la suspensión cautelar del 50% de servicios mínimos de la huelga, que fue desestimado por este órgano judicial.

El penúltimo episodio del conflicto tuvo lugar este miércoles en el Pleno del Senado, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, subrayó que el Gobierno se ha preocupado “mucho” en ofrecer mejoras económicas y profesionales para los examinadores de tráfico, pero añadió, aludiendo al colectivo examinador en huelga: “Hay quien no está poniendo absolutamente nada de su parte”.