Los gobiernos de Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Canarias, País Vasco y Navarra defienden el mantenimiento de la moratoria LOE, que acabó con el carácter eliminatorio de estos exámenes en 2008.

Estas autonomías coinciden con las reivindicaciones de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STES, que consideran que la norma que ahora prepara el ministerio perjudicará a los interinos. En declaraciones a la prensa, la consejera de Extremadura, Esther Gutiérrez, lamentó "la oportunidad perdida" para procurar la paz social, mientras que su homónima andaluza, Sonia Gaia, indicó que endurecer las oposiciones no garantiza una mayor calidad del sistema. "Tenemos interinos desde hace 15 años que demuestran día a día su capacidad", dijo Gala que recalcó que no piden "que la oposición no elimine" a quienes suspendan, sino que sus distintas partes puedan hacer media.

A su juicio, la mejora de la calidad del profesorado pasa por reformar todo el sistema de acceso a la función pública y la cualificación inicial", cuestiones todas ellas que deberían abordarse en el futuro pacto de Estado educativo.

Por su parte, el consejero de Educación de Asturias , Genaro Alonso, criticó la cerrazón del ministerio, y reclamó al departamento que dirige Iñigo Méndez de Vigo que "publique cuanto antes" el reglamento, "a fin de dar seguridad a miles de opositores". "Hay cientos de miles de plazas en juego, y mucha gente que no puede esperarse a febrero", concluyó.

Sí hubo consenso entre las comunidades a la hora de aumentar el peso de la fase de concurso en la puntuaciónn final y de mantener hasta 2020 los temarios actuales.