Entre los investigados por este caso de corrupción están el actual presidente de Adif, Juan Bravo; el exconsejero Pedro Calvo y el ex director gerente del Canal de Isabel II y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. El juez atiende así la petición que le hizo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción que solicitó la imputación de todos ellos y su declaración.

Están imputados los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial latinoamericana Inassa en 2001. Entre ellos destacan, además de Calvo y Bravo, Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Anticorrupción se dirigió al juez para pedirle una serie de diligencias que permitieran confirmar “la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana”. La investigación está en situación incipiente, por lo que el ministerio público solicitaba la declaración de todos ellos y diversa documentación sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa. La Comunidad de Madrid debía presentar esos documentos en un plazo no superior a diez días.

Entre esa documentación, el fiscal quiere que se aporte una “identificación completa de todos los miembros del Gobierno” de la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa. También pide “testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación” que aprobó el Canal de Isabel II.

En esta situación se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 votaron a favor de la adquisición de la sociedad Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan Mª del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Juan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho.

Figuran también Arturo Canalda como el director gerente del Canal que diseñó la operación; Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, consejero de Canal Extensia, la empresa se creó para materializar la compra de Inassa; Pablo López de las Heras, subdirector de Nuevos Negocios del Canal; José Antonio de Cachavera Sánchez, director económico del Canal; Salvador Cardona Aucejo; Javier Vilaplana Oliva; Jesús Sánchez Sánchez; Esteban Palacios Ortega; Santiago García Benavides, y Ángel Conde Álvarez.

la Fiscalía señalaba en su escrito que deja abierta la imputación de Gallardón y de todo su Consejo de Gobierno porque falta por analizar documentación. "Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo".

En ese Consejo, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo, Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez.

El Canal de Isabel II pagó 73 millones de dólares (83,6 millones de euros) por el 75% de esta compañía cuyos dueños habían pagado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros) por el 25%. La empresa, estima el ministerio público, que como mucho valía 30 millones de dólares.

El ministerio público señala que esta operación se materializó el 13 de diciembre de 2001 "contraviniendo de plano los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y el Consejo de Gobierno de la Comunidad, ya que, además de excederse en el objeto autorizado, al adquirirse, junto con el 75% del capital social de Inassa, el 51% de una sociedad dominicana llamada Watco SA, se hizo de forma distinta a la autorizada, no efectuándose, tal y como se había aprobado, su compra directa sino que se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal, ya que lo que compraron en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña llamada SAA".