El cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, intenta cerrar un acuerdo con la Fiscalía antes de que comience el juicio. Para ello, ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de lo Penal en el que reconoce que el PP de Valencia pagó en 'b' a sus empresas los gastos de campañas electorales de 2007 y 2008.

En este juicio se sientan en el banquillo un total de 20 personas por delito electoral, contra la Hacienda Pública y falsificación de documento mercantil. De ellos, Correa, su `número dos´, Pablo Crespo, y el representante de la 'Gürtel' en Valencia, Álvaro Pérez `El bigotes´, se encuentran en prisión.

ATENUACIÓN DE LA PENA

La confesión de Correa no le va a servir para salir de prisión, donde cumple una condena de 13 años impuesta en un juicio anterior, pero podría atenuar la pena si el cabecilla de la trama reconoce los hechos y repara el daño. El ministerio público solicita ahora 24 años y medio de prisión para él.

Según el escrito de Correa, el PP pagaba los trabajos en campañas electorales de la empresa Orange Market, que dirigía `El bigotes´, en dinero negro recaudado en Valencia, que se trasladaba a Madrid, donde, según su versión, se guardaba en `caja b´ sobre la que él tenía el control.

Explica también que con cargo a esos fondos pagaba su sueldo a Álvaro Pérez, que no podía cobrar una nómina por vías legales, ya que tenía una fuerte deuda con Hacienda. Los actos electorales se pagaban de tres formas: de forma legal, en dinero negro y mediante facturas falsas que libraban empresas a las que después se adjudicaban contratos públicos.

En su escrito relata que decidió la creación de Orange Market una vez que sus empresas dejaron de trabajar para Génova, la sede central del PP, y detalla la función de cada uno de sus colaboradores: `El bigotes´ captaba contratos y los organizaba junto con el número dos de la trama, Pablo Crespo.

ACUERDOS

Además, el pasado mes de febrero los nueve empresarios acusados en este juicio de financiar de manera irregular al PP llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en virtud del cual reconocieron los hechos y asumieron penas leves.

Se sentarán en el banquillo una veintena de personas por su supuesta participación en tres delitos electorales, falsedad documental y ocho delitos contra la Hacienda Pública investigados en las piezas separadas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel' en Valencia.

Esta pieza de la trama va a ser juzgada por la misma sala que juzga la primera época de la 'Gürtel', relativa a los años que median entre 1999 y 2005. Este juicio tiene señaladas 22 sesiones hasta el mes de abril.

En un principio el comienzo de la vista estaba previsto para el pasado 13 de marzo, pero se retrasó después de que la Fiscalía solicitara formalmente la suspensión por enfermedad de la fiscal del caso y la imposibilidad de que otro representante del ministerio público se pudiera poner al día en el contenido del sumario.

La pieza 1 investiga un presunto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, la pieza 2 un posible delito de falsedad documental en las elecciones generales de 2008 y la pieza 6 trata sobre varios delitos contra la Hacienda Pública cometidos con la participación de Orange Market, la filial valenciana de la red de empresas de Francisco Correa.

Se sentarán en el banquillo buena parte de los miembros de la cúpula del PP en Valencia en esos años, incluidos el ex secretario general del PP en esa comunidad Ricardo Costa y el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

En un auto del Juzgado Central de lo Penal ya se rechazó que declaren como testigos el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, petición hecha por la defensa de Costa, al considerar que "no son necesarios, pertinentes, ni útiles" para el esclarecimiento de los hechos.

PENAS

La Fiscalía Anticorrupción pide para Costa siete años y nueve meses de cárcel, la misma pena que solicita para el exvicesecretario regional del PP Vicente Rambla y la exgerente Cristina Ibáñez y el exsecretario de Organización y exdiputado David Serra. Además, reclama seis meses y 650 euros de multa para la también exgerente Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

Entre los 20 acusados figuran, además, responsables de empresas y trabajadores de la 'Gürtel', como el presunto cabecilla Francisco Correa; su presunta mano derecha, Pablo Crespo; el propietario de la empresa Orange Market y supuesto hombre de confianza de la red en Valencia, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.

También irán a juicio empresarios como Enrique Ortiz, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Luis Batalla y Rafael Martínez-Berna, entre otros. Todos ellos han reconocido haber pagado comisiones a cambio de una rebaja de penas.

ALICANTE Y BARCELONA

Según explicaba en un auto el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que se hizo cargo de la investigación después de que los imputados perdieran su condición de aforados, el PP se financió presuntamente por dos vías: la oficial, que los populares valencianos llamaban 'Alicante', y otra que se nutría presuntamente "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en 'b'), denominada 'Barcelona'; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)".

Indica que en las elecciones objeto del proceso, el PP valenciano no se habría atenido a los techos legalmente previstos para las campañas electorales y habría contratado los servicios de Orange Market para tener un "mayor despliegue" propagandístico en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, que los populares pagaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Según la Fiscalía, Orange Market se embolsó casi dos millones de euros por servicios prestados durante las campañas sin facturación, contabilización y declaración tributaria.

En las elecciones autonómicas de 2007, la empresa cobro supuestamente 1,1 millones de euros; en las municipales de ese mismo año, 78.878 euros, y por las generales se habría embolsado 801.810 euros. Además, Orange Market justificó presuntamente los cobros con facturas falsas.