Así lo afirma el Ejecutivo en la declaración institucional que ha elaborado con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebra el domingo 21 de enero, en la que apoya la línea marcada en este ámbito por el Consejo de Europa.

El Gobierno entiende que la figura del mediador es una vía para que “la resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito civil y mercantil tenga la máxima garantía y seguridad jurídicas y su implementación sea el reflejo del Estado de derecho y de los principios democráticos de nuestra sociedad y nuestro ordenamiento”.

Aunque la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los jueces y tribunales, prosigue el escrito del Gobierno, es necesario “fomentar un entorno que configure la mediación como un mecanismo flexible, eficaz y eficiente para la mejor resolución de las disputas de modo amistoso”.