El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre y pretende adecuar la legislación española a ese Reglamento, que se empezará a aplicar a partir del próximo 25 de mayo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo defendió desde la tribuna argumentando que refuerza la protección de datos personales como derecho fundamental, ayuda a vertebrar la normativa Europea en esa materia y a superar fragmentaciones en su aplicación, y se adapta la legislación a la constante evolución tecnológica.

El texto, indicó, preserva la seguridad jurídica ya que, en caso de no adaptar la legislación a ese Reglamento, cada operador tendría que determinar por sí mismo que normas nacionales quedan desplazadas por la entrada en vigor de la ley comunitaria. La enmienda del PDECat, denunció, dice "no a todo" ello y también a las "muchas ventajas" que el proyecto incorpora para el conjunto de los ciudadanos en un ámbito en el que "tanta falta hace la claridad, la precisión y la actualización permanente" de un sector muy vinculado a la innovación y las nuevas tecnologías.

Catala aseguró que no aprecia "ninguna razón lógica, jurídica ni política" para renunciar a esas mejoras, por ejemplo a que los herederos de un fallecido puedan solicitar el acceso a sus datos personales, a que el consentimiento para la utilización de esos datos deba proceder siempre de una declaración expresa, o fijar en 13 años la edad a partir de la cual un menor puede prestar consentimiento. Ese punto no es "caprichoso ni accidental", precisó, sino que responde a la asimilación con el entorno, ya que en caso contrario podría darse el caso de que un menor español se pudiera abrir un perfil en Facebook durante unas vacaciones en Irlanda pero careciera de regulación en España.

Explicó que se mejora la regulación del acceso, la rectificación, la supresión, la oposición, la limitación de tratamiento o la portabilidad de esos datos, se regula el ámbito de la videovigilancia por ejemplo cuando emrpesarios capten actos ilícitos por parte de sus trabajadores, o se excluye del ámbito de la ley la información obtenida por personas físicas en su propio domicilio.

Además, se regula de forma "abierta y flexible" la figura del delegado de Protección de Datos, se fomenta la autorregulación y se refleja la existencia de autoridades autonómicas y la "necesaria" cooperación entre todas ellas y con la Agencia Española. El trabajo previo a la redacción del proyecto, aseguró el ministro, ha dado lugar a un texto "muy bien trabajado" desde el punto de vista técnico e institucional, que es "perfectamente respetuoso" con el modelo constitucional y con la jurisprudencia sobre ello.

En ese punto, enfatizó que el proyecto "respeta escrupulosamente" las competencias autonómicas porque la representación en el Comité Europeo se atribuye a la Agencia Española pero prevé la posibilidad de que las autoridades autonómicas participen en la fijación de su posicición y en los grupos de trabajo.

En defensa de la enmienda a la totalidad del PDECat, Lourdes Ciuró denunció que el proyecto no es respetuoso con el bloque de constitucionalidad porque queda "muy coja" la garantía de que las comunidades autónomas puedan seguir desempeñando sus competencias. La enmienda no es un "no a todo", dijo al ministro, sino un "así no", y además "usted lo sabe, aunque aquí diga lo que políticamente le convenga". En caso de rechazarse la enmienda de totalidad, alertó, habría que "empezar con doscientas" enmiendas parciales para garantizar esa competencia autonómica.

GALILEO Y LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

Ciuró aprovechó su intervención para recordar desde la tribuna que tal día como hoy en 1564 nació Galileo Galilei, todo un símbolo "de la superioridad de la razón ante el fundamentalismo" y al que equiparó con los independentistas catalanes "presos políticos" que, aunque tengan que "abjurar" como ocurrió con el sabio medieval, se mantienen firmes en su voluntad de seguir adelante con su convicción de "construir un Estado independiente en Cataluña".

Ya en el turno de fijación de posiciones, Artemi Rayo, del PSOE, aseguró que su grupo no cuestiona la oportunidad de la norma pero denuncia la tardanza del Gobierno en presentarla después de haber "malgastado" 18 meses y trasladando ahora al Parlamento la presión de tener que aprobarla en apenas tres meses, demostrando con ello "incompetencia" del Ejecutivo, "desprecio" a la función legislativa y "desconsideración" a la trascedencia de esta ley.

Elogió que se hayan corregido errores del anteproyecto pero alertó de que el texto mantiene "clamorosas renuncias", por lo que es una "oportunidad perdida" para encarar los retos de la digitalización. "Más pronto que tarde", aseguró, habrá que incluir en la Constitución una nueva generación de derechos digitales de los ciudadanos.

En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ricardo Sixto avanzó el voto en contra de la enmienda porque no ve "por ningún lado" el supuesto ataque "tan flagrante" a la competencia autonómica que denuncia el PDECat, si bien el proyeCto es "bastante mejorable" y por ello presentarán enmiendas parciales y pedirán comparecencias. Se comprometió, eso sí, a respaldar todas las modificaciones que mejoren el respeto al marco competencial.

Mikel Legarda, del PNV, anunció su abstención argumentando que cualquier Estado se reserva la representación internacional, si bien colaborará con enmiendas parciales a garantizar el respeto a las competencias y la necesaria coordinación.

Desde Ciudadanos, Marcial Gómez rechazó la enmienda porque devolver el proyecto al Gobierno incrementaría la inseguridad jurídica que se pretende evitar. Se preguntó qué interés tienen los independentistas catalanes en retrasar la aprobación de esta ley y se mostró convencido de "no quieren" que la colaboración a la que obliga comporte que la autoridad catalana tenga que informar de las denuncias por tratamiento ilegal de los datos de los catalanes para la consulta del 1-O.

ERC fue la única formación que respaldó la enmienda del PDECat, y su portavoz, Ester Capella, acusó al Gobierno de haber redactado el proyecto "sin tener en cuenta" la distribución de competencias e "ignorando" el ambito de actuación de la autoridad catalana, aprovechando además la necesaria adecuación al Reglamento europeo para recentralizar competencias "mucho más allá de lo que sería estrictamente necesario" y obviando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al que "tanto veneran en otros aspectos".

En nombre del PP, Francisco Martínez aseguró que en todo el debate lo único "regresivo" es el discurso de los independentistas, con argumentos "tan pobres y escasos" que ni siquiera llenan un folio y medio. De hecho, subrayó que la autoridad catalana ha tenido una "pacticipación muy activa" en la fase previa y muchas de sus propuestas se han incorporado al proyecto. Lo que les preocupa, denunció, no es el derecho de los ciudadanos a la protección de sus derechos sino la protección de "parcelas de poder". Ojalá, les dijo, hubieran puesto "tanto tesón" en proteger a los catalanes frente al "tratamiento abusivo de sus datos por organizaciones de su órbita" o frente a la elaboración de "siniestros censos o listas negras".