Anna Gabriel le notificó al juez ayer que no pensaba acudir a declarar y que se quedará en Suiza, donde se trasladó tras pedir un aplazamiento de su comparecencia, inicialmente prevista para el pasado 14 de febrero.

La exdiputada de la CUP decía en su comunicación que no pensaba regresar a España por considerar que no tendría “un juicio justo”. La orden internacional de detención tiene efectos tanto dentro de España como en cualquier país extranjero. Se comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por si decidiera regresar y también a Interpol.

España tiene suscrito un tratado de extradición con Suiza en el que se establecen los plazos para la solicitud de la extradición, ya que allí no rige la euroorden. La intención de Gabriel es negarse a ser extraditada y agotar todas las vías de recurso ante la Oficina Federal de Justicia, el Tribunal Penal Federal y el Tribunal Federal, lo que podría alargar el proceso durante meses.

Está en manos del juez Llarena decidir si inicia el procedimiento para pedir su detención y extradición a las autoridades suizas. La Fiscalía está aún estudiando si lo solicita al magistrado, que en cualquier caso tiene potestad para activarla por sí mismo.

Llarena optó por desactivar las órdenes europeas de detención dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que afectaban a los cinco fugados en Bélgica: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

Esta opción también la podría aplicar a Gabriel en espera de terminar la instrucción del caso, para activarlas en el momento en el que dicte auto de procesamiento y ya atribuya los delitos concretos por los que se pedirán cuentas a los investigados.

Anna Gabriel argumentará que es objeto de persecución política en España, lo que podría dificultar su extradición. Además, la legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones.