En un comunicado, la organización se refirió a informaciones sobre multas y sanciones de 600.000 euros diarios a comunidades autónomas que no admitan estaciones de servicio desatendidas, así como a la negativa por parte de la Comisión en España a que dichas multas sean posibles, puesto que no hay una decisión tomada al respecto.

La Aevecar aclaró que cuando la Unión Europea dictamine al respecto, acatarán sus resoluciones “nos favorezcan o no”. Además, reclamó a los dirigentes de las distintas comunidades autónomas que “no se precipiten a la hora de cambiar su legislación por temor a supuestas y graves sanciones que, en principio, han sido desmentidas y que esperamos sea objeto de posicionamiento público por parte de la Comisión Europea”.

La organización manifestó su apoyo a la celebración de reuniones y contactos informales por parte de todos los afectados por esta situación y representantes europeos con el fin de lograr clarificar una “problemática que, en nuestra opinión, perjudica la seguridad en las instalaciones de servicio, el mantenimiento del empleo, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad”.

En este sentido, la Aevecar se adhiere al llamamiento realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de una unidad de acción por parte de asociaciones de consumidores, sindicatos, el propio Cermi y la patronal para conseguir que en todas las estaciones de servicio en horario de apertura al público exista al menos un operario cualificado.