Dicho año supone la fecha estimada en la que comenzarán a entrar en servicio los 20 tramos de carretera que incluye el plan y, por tanto, cuando la Administración empezará a pagar a las empresas que los construyan los cánones anuales por su mantenimiento. Con el cobro de estos cánones, las constructoras recuperarán la inversión que avancen para construir las carreteras.

Gómez-Pomar indicó que el importe de unos 300 millones de euros que supondrá este canon anual a partir de 2021 “no restará margen” al Ministerio para acometer otros proyectos, puesto que éste suele contar anualmente con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros para construcción y alrededor de otros 1.000 millones para mantenimiento.

El plan adoptará el modelo de pago por disponibilidad, sistema por el que las constructoras adelantan la inversión para la construcción de la vía, que luego recuperan cobrando el mencionado canon de la Administración en función de su mantenimiento durante los 30 años en que se encargarán de su explotación.

Según detalló Gómez-Pomar, las empresas que logren los contratos deberán aportar capital por el 20% del importe del proyecto y financiar el 80% restante, si bien para esta financiación contarán con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones.