En la proposición de ley, en concreto en el artículo 43, se detalla que las infracciones se califican como leves, graves y muy graves según la naturaleza del “deber infringido y la entidad del derecho afectado”. Más adelante se concreta qué infracciones se incluyen en cada una de estas categorías.

Como infracción leve se considera “no realizar ningún estudio o análisis para constatar la existencia de situaciones patentes de desigualdad de hecho de las mujeres respecto de los hombres con motivo de la negociación de un convenio colectivo”; “obstaculizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, o dificultar “la suspensión de la prestación de las personas trabajadoras autónomas” por razón de embarazo, parto, adopción, etc., así como “no tomar en consideración los derechos de conciliación que estén ejerciendo los las personas trabajadoras con motivo de la distribución irregular de la jornada de trabajo, el traslado o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

Las sanciones leves, en su grado mínimo, pueden conllevar multas de 60 a 125 euros; en su grado medio, de 126 a 310 euros, y en su grado máximo, de 311 a 625 euros.

Entre las infracciones graves figuran “impedir el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral”; “impedir la suspensión de la prestación de las personas trabajadoras autónomas” por razón de embarazo, parto, adopción, etc., o “incumplir el deber de negociación de acciones positivas para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los contratos formativos de una empresa”.

Para estas faltas graves, el grado mínimo de sanción establecido es de 626 a 1.250 euros, el medio de 1.251 a 3.125 euros, y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.

Como muy graves, la proposición establece “impedir el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral”; “la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba por razón de embarazo o maternidad”; o el “despido de la trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva”.

El incumplimiento de estas sanciones muy graves contempla multas, en su grado mínimo, de 6.251 a 12.500 euros; en su grado medio, de 12.501 a 25.000 euros, y en su grado máximo, de 25.001 euros a 50.000 euros.

La proposición de ley cuenta con 49 artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 11 disposiciones finales. El objeto de la misma es “garantizar la efectividad del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en el empleo y la ocupación”

Para ello, según el texto presentado por el PSOE, se regulan "derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, en el empleo y la ocupación", y se establecen "medidas destinadas a eliminar y corregir en el empleo público y privado, por cuenta propia o ajena, toda forma de discriminación por razón de sexo”.