Caballero protagonizó la edición de hoy del evento informativo que organiza Nueva Economía Fórum, con una conferencia que partió de constatar el “vuelco radical” que ha experimentado la política local en los últimos 40 años, en los que ha pasado de gestionar problemas básicos a situarse entre “los grandes actores de la política, desde la visión local pero también desde una visión de Estado” y con una administración cada vez más electrónica.

El presidente de la FEMP denunció que este avance no se ha visto correspondido con un reconocimiento institucional y jurídico del papel de los ayuntamientos, de forma que, por ejemplo, no tienen competencias para regular el entorno de un hospital o la instalación de una depuradora, aunque afecten de lleno al municipio correspondiente.

Especialmente, durante la crisis económica quedó ensalzado, en su opinión, el papel de los ayuntamientos, que, “gracias a su entrada en competencias que no son las suyas”, de carácter social, “se evitó el hundimiento de gran parte de la población”. Por esta cercanía a los ciudadanos en los momentos difíciles, proclamó por dos veces que “la legitimación de la democracia en España descansa en gran medida en la política municipal”.

En estas circunstancias, denunció que los ayunamientos tengan que estar “tutelados de forma incomprensible” por otras administraciones porque no tienen competencias ni recursos. Según cuantificó, la participación del presupuesto municipal en el PIB (6%) y de la participación política de los ayuntamientos en el conjunto del Estado (11%) es la mitad en España que en la Unión Europea.

Pese a este desfase con la UE, denunció, el Gobierno central fue “en la dirección contaria” durante la crisis y en la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local intentó retirar competencias y recursos a los ayuntamientos y entregarlos a las comunidades autónomas, incluso en política social, donde más importante es la cercanía. “Hay que blindar a los ciudadanos contra ocurrencias de estas características”, conminó, y por eso apostó por hacerlo “cuando se reforme la Constitución, que se reformará”.

Caballero protestó también contra el hecho de que la Airef, ante la evidencia de que la única administración que ha cumplido con los tres criterios de estabilidad presupuestaria haya sido la local, concluya que los ayuntamientos están sobrefinanciados.

A su juicio, este análisis es un mero “juicio político” y por ello contestó que "ya sabemos lo que tenemos que hacer, no cumplir”. Según explicó él, si los ayuntamientos tienen superávit es porque han priorizado las políticas sociales y de empleo dejando sin hace otras cosas que también les corresponden.

En el coloquio, Caballero aclaró que no pretende que competencias autonómicas pasen a ser municipales, sino blindar éstas últimas y acoger algunas que están sin asignar. Para algunas de ellas, apuntó, hará falta transferencia de recursos del Estado, igual que ya cubre, según sus datos, el 62% de las autonómicas.

Además, se debe compensar la pérdida de ingresos derivada de la anulación por el Tribunal Constitucional de la plusvalía municipal sobre viviendas devaluadas en el momento de su venta garantizando a los ayuntamientos, como han pactado Gobierno y FEMP, la seguridad jurídica de poder seguir recaudando.

Otras reformas consistirían simplemente en la presencia de los ayuntamientos en ciertos foros, lo que no exigiría coste alguno, y serían coherentes con un papel que él puso en valor: “Los ayuntamientos vertebramos España. Con todas nuestra diferencias políticas, tenemos elementos comunes en ayuntamientos gobernados por distintos partidos. Podemos llegar a acuerdos unánimes en la FEMP sobre cuestiones centrales. Somos un ejemplo de cooperacion interpartidaria”.

A una pregunta de los periodistas, Caballero defendió tamibién el mantenimiento de los ayuntamientos pequeños, que, según dijo, tienen un coste mínimo y salvaguardan de la despoblación amplias zonas de España, evitando, al hacerlo, el descontrol sobre catástrofes naturales como los incendios.

Al término del Fórum Europa, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, coincidió en que es “imprescindible” ese cambio constitucional que “dé seguridad a los ayuntamientos y los ciudadanos en la defensa de sus derechos”, poniendo como ejemplo la “intromisión brutal” del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en las finanzas del Consistorio madrileño, impidiéndole gastar su superávit.