La supresión de esta reforma ya se está tramitando en la Cámara Baja mediante una proposición de ley de ERC, pero este jueves se debatió una enmienda a la totalidad del PP, que fue rechazada.

La iniciativa del partido del Gobierno tuvo 179 votos en contra, 135 a favor y 32 abstenciones. Entre los votos en contra estaban los de los partidos nacionalistas, PSOE y Podemos, mientras que las abstenciones eran de Ciudadanos.

La proposición de ley del partido de Oriol Junqueras que se seguirá tramitando pretende que se derogue la reforma de la jurisdicción que el PP introdujo en 2014. Este cambio limitaba que los jueces persigan en el extranjero los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.

“ACCIÓN DESTRUCTIVA”

Esta limitación de la jurisdicción universal se sumaba a la que se aprobó en 2009, con el PSOE el poder, que obligaba a que para que los jueces persiguieran delitos cometidos en el extranjero hubiera alguna conexión con España.

A este respecto, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, explicó que con esta enmienda a la totalidad su partido pretendía pasar de la “acción destructiva” de ERC contra la reforma de 2014 a la “acción constructiva”. Por este motivo, explicó que los populares proponían mejoras a la normativa en vigor, como perseguir la pesca ilegal o el tráfico de armas, pero no volver a un “pasado poco realista” en cuanto a la jurisdicción universal.

Además, Moro criticó que ERC quiera que “los tribunales españoles actúen ilimitadamente, sin reparar con qué efecto”, mientras que defienden que “los suyos queden al margen de las normas y de los tribunales españoles”, en clara referencia a que Carles Puigdemont y otros dirigentes nacionalistas huyeran al extranjero para no hacer frente a la causa legal por el proceso secesionista.

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardà, defendió que los jueces españoles puedan actuar en el extranjero “independientemente de que exista una víctima española o que el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España”. Añadió que en su partido reivindican una “verdadera justicia universal” y acusó al PP de pretender “consolidar el modelo español de impunidad”.

“MALHADADA” REFORMA

Por su parte, Gregorio Cámara, del PSOE, explicó que votaban contra la enmienda a la totalidad de los populares porque la “malhadada” reforma de 2014 incidió “muy negativamente” sobre el principio de justicia universal, “estrangulándolo y con vulneración múltiple de la Constitución”. Recordó, en este sentido, que está pendiente un recurso del Tribunal Constitucional contra la reforma de 2014.

A su vez, Marcial Gómez, de Ciudadanos, anunció que su partido votaba contra la enmienda de los populares al entender que es “inaceptable” la limitación de la jurisdicción universal que se introdujo hace tres años. No obstante, indicó que este voto contra la iniciativa del PP no significa que apoyen el planteamiento de ERC, sino que defienden la normativa que se introdujo en 2009 y que en el trámite de enmiendas plantearían iniciativas en este sentido.

Asimismo, Jaume Moya, de Podemos, dijo que con esta enmienda los populares buscaban “cambiarlo todo para no cambiar nada”. Señaló que el “objetivo compartido” de una mayoría de partidos en el Congreso es que los jueces españoles recuperen plenamente su capacidad de ejercer la jurisdicción universal y que España será “líder” mundial en la protección de derechos humanos.