Se trata de una reivindicación que la Asociación Nacional del Taxi lleva planteando desde que se aprobó en 2007 el real decreto que establecía la obligación de los ayuntamientos con una población superior a 50.000 habitantes de promover que al menos un 5% de las licencias de taxi correspondiesen a vehículos adaptados.

En este sentido, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, recalcó “la inactividad de la Administración durante estos 11 años en los que solo se ha producido un avance en las grandes ciudades, en la mayoría de los casos a costa del esfuerzo de los titulares de licencia, y que deja a las zonas rurales desatendidas en esta materia”.

Los taxistas consideran que las áreas rurales son las más afectadas por la falta de eurotaxis y proponen diferentes soluciones para que se cumpla esta reserva mínima legal de taxis accesibles, establecida en el 5%.

Según indicó Sanz, medidas como “establecer nuevas homologaciones para clasificar a estos vehículos a través de reformas menos costosas o el mejor acceso a líneas de crédito para la adecuación de estos vehículos serían muy positivas para mejorar la cuota de taxis accesibles en estas áreas".

Además, en estas zonas, donde generalmente solo existe una licencia, “existe la posibilidad de que a las licencias de eurotaxi existentes se les permita recoger en áreas en las que no pueden prestar servicio, para mancomunar así los servicios del taxi accesible en aquellas zonas con menos densidad de población”, indicó Sanz.

Antaxi apoya así la queja que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó ante el Defensor del Pueblo denunciando el incumplimiento de la cuota mínima de taxis accesibles por parte de los ayuntamientos, que ha sido admitida por esta institución.