En un comunicado, el sindicato trasladó la “incertidumbre” de los empleados públicos ante la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad.

CSIF calcula que en el ámbito de las administraciones públicas hay en torno a 2,5 millones de personas adscritas al Régimen General de la Seguridad Social, de las cuales 225.400 tienen más de 60 años y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.

El sindicato consideró “inaceptable” que las pensiones pierdan poder adquisitivo y que se produzca una “rebaja permanente” de las cuantías a percibir con la aplicación del Factor de Sostenibilidad.

Por estos motivos, reclamó un pacto político “real” que evite su devaluación y manifestó su apoyo a las movilizaciones organizadas por la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones para mañana, sábado.

Asimismo, señaló que el porcentaje de recursos económicos que se destina al pago de pensiones será creciente, frente a las reformas de pensiones, que a su juicio “pretenden que la parte de la riqueza que se destina a este capítulo no crezca”.

En este sentido, el sindicato explicó que es partidario de estudiar otras vías de financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para destinar al sistema de pensiones.