Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo hizo hincapié en que con el debate parlamentario sobre las pensiones celebrado el pasado miércoles “se ha podido abordar esta importante cuestión nacional” y los ciudadanos han podido constatar la “consistencia de las propuestas”, la “viabilidad” de estas y “la credibilidad y solvencia de los distintos programas políticos”.

El portavoz gubernamental destacó que el debate sobre las pensiones “no ha acabado el miércoles” y recordó que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo continúa con los trabajos para renovar las recomendaciones y, en ese marco, confió en que se aporten “soluciones positivas y favorables”.

Méndez de Vigo se remitió a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno monográfico resaltando que “los pensionistas merecen el respeto de todos, y ello significa que no deben ser engañados ni utilizados en la confrontación partidista".

Recordó que el incremento del número de cotizantes es “absolutamente capital” porque la entrada de pensionistas en los próximos años supondrá un gasto de más de 3.800 millones de euros anuales. Por ello, consideró que “es necesario que se cree empleo para poder sufragar esos gastos” y alcanzar el objetivo de los 20 millones de personas trabajando el próximo año.

El portavoz del Gobierno también se refirió a los anuncios que hizo Rajoy para elevar las pensiones mínimas y las de viudedad y concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias.

Señaló que las propuestas se concretarán en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Todo el mundo quiere subir las pensiones”, dijo Méndez de Vigo, “pero hay que cumplir con las cuentas”, puntualizó.

En esta línea, añadió que “el margen de maniobra que tienen los gobiernos es un margen de maniobra limitado”, por los objetivos de estabilidad comprometidos con Bruselas, y “cualquier reforma que se haga, cualquier incremento que se haga, tiene que hacerse dentro del marco de los Presupuestos”. En cualquier caso, defendió que España cuenta con un “buen sistema público de pensiones, que funciona, que es sostenible” y el Gobierno “tiene confianza plena” en el mismo.