El director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Javier Cachón, y la directora general de la ORGA, Isabel Tarazona, fueron los encargados de firmar el acuerdo, según informaron Medio Ambiente y Justicia.

Gracias a este acuerdo se reforzará la cooperación entre ambos ministerios con el fin de optimizar las tareas de localización, recuperación, conservación y administración de los efectos, bienes y ganancias procedentes de actividades delictivas en relación a asuntos medioambientales que le hayan sido encomendadas judicialmente a la ORGA, un órgano administrativo dependiente de Justicia.

La ORGA apoya a la Administración de Justicia en la localización y gestión de los activos de origen delictivo, facilitando a los juzgados y tribunales la labor de embargar y decomisar bienes en el marco de procedimientos penales, así como desarrollar diligencias de investigación y cooperación jurídica internacional, cuando le sea solicitado.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental proveerá asistencia técnica en relación a efectos judiciales que puedan tener la consideración de residuos contaminantes con impacto ambiental o cuando se trate de especies de fauna y flora silvestres, especialmente las consideradas prioritarias por estar incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en convenios internacionales ratificados por España como el Convenio CITES.

BENEFICIOS

En virtud del acuerdo firmado hoy, la ORGA comunicará al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la existencia de bienes medioambientales intervenidos o embargados con el propósito de obtener su valoración en términos de importancia para la conservación de la diversidad biológica y/o económica.

También asesorará a los órganos judiciales respecto al destino de bienes y efectos medioambientales tutelados por la ORGA con el objetivo de facilitar su posible reintegración en el medio natural, el traslado a centros dedicados a la sensibilización ambiental u otros usos beneficiosos para la conservación de la biodiversidad y su divulgación.

La puesta en marcha de este acuerdo supondrá un avance en el ámbito de la conservación de la naturaleza, al prevenir, por ejemplo, que efectos y bienes de fauna y flora silvestre se comercialicen una vez han sido intervenidos o que no se valore adecuadamente el impacto que la tenencia de estos efectos tiene sobre la biodiversidad.

El acuerdo suscrito entre ambos ministerios se enmarca en el desarrollo del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (tanto de fauna como de flora), recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y en cuya ejecución participan cinco ministerios.

El tráfico ilegal y el furtivismo suponen una gran amenaza para la fauna y flora mundial, especialmente en amplias regiones de África, Sudamérica y Asia, que tienen declives poblacionales de numerosas especies silvestres.

Las motivaciones para estas amenazas están relacionadas con un comercio ilegal lucrativo de distintas especies, con los conflictos entre fauna silvestre e intereses económicos de las personas y con la explotación de bosques para madera.