El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, presentó la propuesta, que inicialmente se refería a todas las viviendas vacías, recordando que la Ley ya contempla esta posibilidad, pero que le falta un desarrollo. Además, pidió que se defina vivienda vacía, algo que a su juicio debería haber hecho ya España, “campeones del mundo en viviendas vacías”. Una vez desarrollada la norma, cada ayuntamiento decidiría si aplica este recargo o no.

En nombre del PSOE, Ransés Pérez Boga saludó esta propuesta que se apropió como socialista y presentó una enmienda transaccional, en realidad de sustitución, que circunscribía la categoría de viviendas vacías a las que tengan “quienes acaparan viviendas con fines ilegítimos y asociales”, dejando fuera las segundas viviendas de particulares. García Castaño aceptó la transacción, que es la que se votó y aprobó finalmente, y que pretende, según ambos grupos, ampliar el parque de viviendas en alquiler para abaratar el precio.

Los portavoces de Economía y Hacienda de PP y Ciudadanos, íñigo Henríquez de Luna y Miguel Ángel Redondo respectivamente, rechazaron que esta idea vaya a lograr el objetivo de reducir los precios y aventuraron que su fin es sólo recaudatorio.

Henríquez de Luna acusó al “populismo” de buscar siempre un “chivo expiatorio” en el capitalismo, y propuso sustituir el gravamen del 50% del IBI a las viviendas “legalmente vacías” por una bonificación del 100% a los propietarios que tengan sus pisos “ilegalmente ocupados”, algo que obviamente rechazó García Castaño. Redondo, por su parte, preguntó qué pasaría con las viviendas vacías por que su propietario esté trabajando fuera o internado en una residencia. La enmienda del PSOE limitó el alcance a los grandes propietarios.