También son procesados por rebelión otros siete exconsejeros del Gobierno catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC Marta Rovira.

En el auto de procesamiento, el juez procesa, además, a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos (Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret) por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsejeros procesados por delito de rebelión también les acusa de malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

En concreto, a Puigdemont, Junqueras y Forn se les acusa de rebelión y malversación pese a ser conocedores de la “gravedad” de los hechos sucedidos el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía. Aunque fueron advertidos de las consecuencias, relata el detalle del procesamiento, decidieron todos ellos continuar con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

“Sabían de la decisión judicial de prohibir la celebración de la votación”, relata el fundamento jurídico del auto de procesamiento, y “pese a ello, teniendo la capacidad de decidir sobre un referéndum que ellos mismos habían convocado y la capacidad de aportar los mecanismos de seguridad policial que podían coadyuvar a la contención de la violencia, prefirieron ordenar la continuación del proceso, llamar a la población a la movilización y a la participación, e impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.

La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante de gasto público que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-O, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

Esta cifra de 1,6 millones de euros surge del siguiente desglose: 224.834 euros de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión del voto, 277.804 euros de campaña de publicidad y difusión, 979.661 euros para suministro de papeletas, censo electoral y citaciones, y 199.700 euros para la participación de observadores internacionales.

Todos los procesados han sido llamados de nuevo por el Tribunal Supremo a comparecer los días 16, 17 y 18 de abril a las 10.00 horas junto a sus abogados.