Así figura en las recomendaciones públicas del Comité DESC sobre el grado de cumplimiento de España respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde reclama al Estado español poner fin a las medidas de austeridad por su impacto desproporcionado sobre los grupos y personas más excluidos, al favorecer el incremento de la desigualdad y del riesgo de pobreza entre estos colectivos.

Médicos del Mundo detalló este jueves que en las recomendaciones se insta a España a otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales el mismo estatus que los derechos civiles y políticos en su ordenamiento jurídico y a que establezca en su legislación las protecciones y garantías para su aplicabilidad y justiciabilidad.

En este sentido, pide al país que tome “las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna”, y hace hincapié en que el Real Decreto Ley 16/2012 “ha tenido un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud”, porque, además de excluir a las personas en situación irregular, “ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud”.

Por otro lado, también ha tenido un “impacto negativo” en el acceso de las mujeres migrantes a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia.

De igual modo, recomienda a España que asegure la enseñanza integral y apropiada para ambos sexos sobre salud sexual y que cuente con un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud.

Por último, añade que España debe eliminar las disparidades entre comunidades autónomas en la distribución de contraceptivos de emergencia y en el acceso y disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y recoge la eliminación del requisito de tener el consentimiento del representante legal para que las adolescentes entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.