Los presidentes de la PTS, Concovi y AVS, Luciano Poyato, Juan Casares y Jerónimo Escalera, respectivamente, fueron los encargados de ejecutar la rúbrica en un acto que se celebró en las instalaciones de la PTS en Madrid.

El objetivo del convenio pasa por establecer las líneas estratégicas que unen a las tres organizaciones en el impulso de la vivienda social y la rehabilitación en España. De esta manera, se acuerda coordinar acciones conjuntas para desarrollar una alianza en materia de política social de vivienda, en unos momentos en los que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado recientemente, "no resuelve la situación de exclusión residencial de la población más vulnerable y se queda muy lejos de las expectativas presupuestarias de las entidades sociales", a juicio de los firmantes.

Las tres organizaciones, llegado el momento, podrán actuar como interlocutores “válidos y reconocidos” ante las administraciones públicas y organismos nacionales e internacionales.

Según recoge el convenio, la PTS, Concovi y AVS estudiarán y darán difusión a las distintas ayudas y programas de vivienda y, de la misma manera, intercambiarán información sobre cursos, jornadas o trabajos de investigación sobre las materias de interés común. Para garantizar el seguimiento del convenio se constituirá una comisión mixta con representantes de cada organización.

Para el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “este convenio nace para dar impulso a la vivienda social en España y defender que el derecho humano a una vivienda adecuada debe ser la base de cualquier política”. Además, indicó que se trabajará para conseguir soluciones y garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Jerónimo Escalera, manifestó que “la firma del convenio pone de manifiesto la firme voluntad de los promotores de viviendas sociales, tanto públicos como privados, de apostar firmemente por la consecución de una oferta adecuada de vivienda asequible a los ciudadanos para garantizar el derecho esencial a la vivienda digna y adecuada exigida por nuestra Constitución y la normativa europea, mediante la creación de una plataforma estable con dicha finalidad primordial”.

El presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España, Juan Casares, dijo que “para nosotros es un orgullo firmar este convenio que tiene como objetivo favorecer el acceso a la vivienda a la población más vulnerable. Desde la entidad proponemos nuevas fórmulas y modelos de gestión de colaboración público-privada poniendo en carga activos (suelos, edificios) públicos a través del modelo cooperativo y del ‘cohousing’, cesión de uso y el derecho de superficie, salvaguardando la propiedad en ente público y dando solución habitacional temporales a los colectivos y población más vulnerable”.

RETOS EN MATERIA DE VIVIENDA SOCIAL

Las tres entidades coinciden en que la vivienda es un servicio “esencial” para que las personas puedan desarrollarse y, en este sentido, defienden que para garantizar una vivienda digna y adecuada es necesario planificar y ejecutar una política basada en las necesidades reales. “El derecho humano a una vivienda adecuada debe ser la base de cualquier política de vivienda”, aseguró el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

En esta misma línea, instan al Gobierno a aumentar la dotación presupuestaria para la vivienda social al 1% del PIB, ya que, según subrayaron, la crisis ha precarizado el trabajo y ha producido un descenso en los ingresos de las familias haciendo que las necesidades de vivienda protegida y la demanda se reoriente al alquiler con rentas bajas.

Por otro lado, destacaron la importancia de generar mecanismos de financiación y, en relación a esto, dijeron que "el Gobierno debería pactar con las entidades de crédito e incluso potenciar la banca pública".

Por último, pusieron sobre la mesa la necesidad de reformar el mercado de la energía para hacer frente a la pobreza energética y la exigencia de cambiar la fiscalidad, ya que, a su juicio, la actual es “claramente discriminatoria” con el alquiler y la rehabilitación en comparación con la compraventa. Así, para potenciar de manera real estas dos figuras piden aplicar a las rentas un IVA tipo cero.