Así se manifestó Elena Collado en una entrevista concedida al boletín ‘Cermi.es semanal’. En ella, enumera algunos de los avances que se han ido logrando en los últimos años de la mano del tejido asociativo de la discapacidad organizado en torno al Cermi.

Como ejemplos, cita la homologación de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, de forma que tenga validez en todo el territorio nacional, o la eliminación de la presentación de copia del certificado de discapacidad para acceder a la exención de derechos de examen para personas con discapacidad, en los procesos selectivos de la Administración General del Estado (AGE).

En este sentido, destaca que el impulso de la accesibilidad universal y la eliminación de cargas administrativas no beneficia solo a las personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía. “Cualquier medida que simplifique las relaciones de la Administración con los ciudadanos también contribuye a hacer más eficaces y productivos nuestros propios procedimientos”, abunda Elena Collado.

En relación con la transposición que este año debe hacer España de una directiva europea sobre accesibilidad de páginas web, la secretaria de Estado comenta que se ha optado por centrar dicha transposición en el ámbito del sector público, “sobre el que tenemos una mayor capacidad de actuación, pensando principalmente en aumentar las previsiones que garanticen el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad”.

En este sentido, recuerda que desde el año 2010, el Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolla el Observatorio de Accesibilidad Web con el objetivo de ayudar a mejorar el grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de los portales de la Administración. Desde el mismo, se facilitan materiales y herramientas de ayuda y se trabaja en la concienciación de todos los actores implicados.

EMPLEO PÚBLICO

Por otro lado, sobre el acceso al empleo público de personas con discapacidad, Elena Collado indica que “venimos de una serie de años en los que por exigencias de la situación económica y la estabilidad presupuestaria, la cifra de nuevos ingresos sufrió una importante disminución. Con todo, este hecho nunca impidió que se cumplieran las exigencias normativas y los compromisos adquiridos sobre los cupos de acceso de personas con discapacidad”.

“Es ahora, con el incremento de las tasas de reposición en las últimas leyes de presupuestos, cuando podemos volver a analizar, en un contexto mucho más favorable, cómo están funcionando estos mecanismos de acceso de personas con discapacidad, y en su caso proponer una mejora de los mismos”, precisa.

La secretaria de Estado pone en valor el acuerdo que el Gobierno ha cerrado con los sindicatos de la función pública para la reducción del empleo interino en las administraciones, en cuya aplicación confirma que se respetarán los cupos de acceso y la adaptación de las pruebas de las personas con discapacidad cuando sea necesario.

Asimismo, Elena Collado evidencia el compromiso de su departamento con el impulso de la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual mediante la reserva de plazas específicas, así como con la mejora de la flexibilidad horaria de empleados públicos con familiares con discapacidad.

“Precisamente, el acuerdo sindical al que hacía referencia presenta como importante novedad el que pueda acordarse en cada Administración una bolsa de horas que puedan utilizar los empleados públicos por cuestiones de conciliación como ésta. Se trata de horas que sean recuperables, pero que suponen una herramienta de flexibilización de jornadas y horarios, que se suman a las que ya existían”, concluye.