Las personas acusadas de delitos de amenazas y lesiones terroristas se enfrentan en la mayoría de los casos a una pena de privación de libertad de 50 años. Amnistía, que acudirá como observadora al juicio, indicó que “los cargos de terrorismo deben ser retirados” y solicitó que la investigación se desarrolle “en el marco de un procedimiento penal ordinario”.

“Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho Penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La responsable de Política Interior en AI, Virginia Álvarez, precisó que “por supuesto que las agresiones denunciadas son graves y que los guardias civiles y sus parejas tienen derecho a una investigación judicial”, pero mostró su preocupación por el hecho de que “la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista”.

“Consideramos que la investigación debería haberse llevado a cabo en el marco de un procedimiento penal ordinario y que no se debería haber aplicado la legislación antiterrorista al presente caso”, añadió.

El juicio tiene lugar cuando se cumple un año y medio desde que ocurrieron los hechos. Tres de los acusados llevan en prisión preventiva desde noviembre de 2016. “La detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional, únicamente permitida para prevenir el riesgo de huida de la justicia o cuando las personas acusadas entrañen peligro para otras o para la acción de la justicia”, subrayó Beltrán.