Garcés, que informó sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, definió el programa como "la principal novedad" del año en estas políticas, ya que supondrá "un aumento muy significativo de recursos" para la formación del colectivo.

La creación de este fondo se aprobó el 23 de diciembre de 2017 mediante una orden ministerial, en cuya elaboración participó de forma muy activa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En realidad, esta orden da desarrollo reglamentario a una previsión legal del

año 2015 que establecía que los saldos y depósitos abandonados en instituciones financieras y bancarias se destinarían a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.

Dicha disposición señalaba, además, que la Administración General del Etado impulsaría a través del Real Patronato sobre Discapacidad un programa dirigido

a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo

profesional y a la innovación y la investigación aplicadas a estas políticas, a través de ayudas directas a los beneficiarios.

Movilidad e investigación educativa serán así los principales objetivos del fondo, explicó Garcés, tras apuntar que su gestión supone un aumento del 12% en el presupuesto del Real Patronato de la Discapacidad.

En cambio, la Dirección general de Discapacidad mantiene una dotación prácticamente igual a 2017 (crece un 0,62%), por lo que las cuantías para entidades sociales e instituciones que realizan proyectos a favor de este colectivo permanecen estables.

Fundación ONCE, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) de la Universidad Carlos III, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el propio Cermi son los beneficiarios.

Por último, Grcés se refirió al aumento del 9% en el número de personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social en 2017, así como al incremento de los puestos de trabajo reservados, y destacó los mayores presupuestos de Renfe y ADIF para mejorar la accesibilidad en trenes y estaciones. Este es también el objetivo de un real decreto que permite a los ayuntamientos invertir su superávit en la reforma de edificios e instalaciones.