Así resulta del trabajo conjunto llevado a cabo por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas formada por el Senado y el Congreso, cuyo objetivo es que ningún menor de edad tenga acceso al alcohol, según explicó la presidenta de este órgano y quien ha liderado el informe, la diputada del PP Carmen Quintanilla.

El documento ha contado con el visto bueno de todos los partidos políticos representados en la comisión a excepción del PNV y ERC, que se abstuvieron alegando cuestiones relacionadas con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Entre las medidas de más enjundia para evitar el consumo de alcohol por parte de los menores también se encuentra que las páginas de Internet no puedan incorporar publicidad de bebidas espirituosas o bajar a 0,0 la tasa del alcoholemia con la que los jóvenes pueden conducir ciclomotores, que actualmente se encuentra en 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire.

Una vez aprobado, este informe será trasladado al Gobierno para que “en un futuro muy próximo” vea la luz el proyecto de ley de menores sin alcohol, cuyos contenidos tendrán que adecuarse al trabajo parlamentario realizado por la comisión mixta y a las consideraciones que incluye este documento.

Todas las recomendaciones han partido de diferentes comparecencias de profesionales y expertos relacionados con el mundo de la salud, la protección de la infancia, psicólogos o procedentes del mundo de las ONG que han hecho sus aportaciones a lo largo de 11 meses de trabajos.

En el aspecto punitivo, el informe recoge castigar a los padres y madres de los menores que consuman alcohol con medidas encaminadas a la reeducación, un punto con el que la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) se mostró disconforme. También refuerza el papel de los vendedores de supermercados y locales que vendan alcohol para que cuenten con la autoridad suficiente para pedir a los clientes que se identifiquen con el DNI a la hora de comprar bebidas con graduación.

Desde el punto de vista sanitario, el informe insta a elaborar un protocolo para centros de salud y hospitales para que se realice un seguimiento en los casos de menores que lleguen con patologías relacionadas con el consumo de alcohol, de manera que se supervise tanto al joven como a la familia.