Según informaron la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol en un comunicado conjunto, en el operativo han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal. Además, se realizaron 62 entradas y registros en España y otros 39 en diferentes puntos de Europa.

Las investigaciones realizadas han destapado un fraude de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros, de los que 45 afectan a las arcas españolas.

En los registros realizados se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400.000 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía de Área de la localidad alicantina.

Los organismos explicaron en el comunicado que la complejidad de la trama investigada requirió coordinación internacional, tanto a nivel policial a través de Europol como a nivel judicial a través de Eurojust.

Las investigaciones se iniciaron en 2015 a raíz de un informe de inteligencia financiera en torno a una organización criminal especializada en la defraudación de IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos, tanto auténticos como falsificados, y blanqueo de capitales.

La organización criminal era presuntamente dirigida desde España por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, que llevaban operando más de nueve años en Europa.

La organización, compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses, disponía de un entramado formado por más de 100 mercantiles -en su mayoría ficticias y a nombre de testaferros-, asentadas en diferentes países (España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EEUU, Portugal y Chipre).

La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos -en Madrid y en Elche- desde donde se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales españolas y extranjeras.

Los organismos explicaron que además del perjuicio que para la Hacienda Pública suponía esa forma de actuar, el daño para las arcas públicas era aún mayor puesto que una parte de esos productos se volvía a introducir en el circuito fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que previamente no había sido ingresado.

Los investigadores han podido acreditar que en tres años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

En la operativa de blanqueo de capitales, que era variada, se detectaron inversiones inmobiliarias -fundamentalmente en España y en Estados Unidos-, compra de un manantial por valor de tres millones de euros, compraventa de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual ubicadas en España, Estados Unidos y Hungría. El destino final del dinero era, en función de la trama defraudadora, Estados Unidos, Italia o España.