Según destacó Farmaindustria, la posibilidad de reutilizar datos clínicos con fines de investigación en un modelo amplio de consentimiento informado y aprovechando todas las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas de big data “es la clave principal para garantizar el futuro desarrollo en España de la llamada medicina de precisión”.

Además, añadió que de esta forma, combinar el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos con biomarcadores y otras variables propias de la genómica y la proteómica dará lugar a diagnósticos y tratamientos más ajustados al perfil de cada paciente, e, incluso, hará posible predecir cómo va a responder cada persona a una terapia determinada.

A este respecto, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, subrayó que “la transformación digital va a cambiar radicalmente los sistemas sanitarios, y también la forma de actuar de los proveedores de bienes y servicios, puesto que va a afectar a toda la cadena de valor del sistema. Esta revolución digital va a permitir generar nuevos instrumentos capaces de procesar e integrar ingentes volúmenes de información (los llamados big data) que pueden ser ya utilizados para obtener patrones de comportamiento y modelos predictivos”.

Para Arnés, “tanto la optimización del proceso de I+D de nuevos medicamentos como la utilización de la información para lograr un uso más adecuado y efectivo y mejorar la eficiencia revierten por encima de todo en el paciente, principal razón de ser de todos los que integramos el sistema de salud”.

No obstante, también destacó que si bien el uso adecuado del big data abre un camino repleto de posibilidades, es necesario también un adecuado marco normativo que ampare la reutilización de datos clínicos en investigación biomédica sobre la base de un modelo amplio de consentimiento de datos personales.

En esta línea discurren las propuestas planteadas por Farmaindustria a los grupos políticos en el marco de la tramitación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y que viene a plasmar en el ordenamiento jurídico español las disposiciones del reglamento comunitario sobre esta materia, que entra en vigor el 25 de mayo.