En el Parlamento andaluz, Sánchez Rubio exigió que se recuperen las aportaciones estatales previas "a los recortes que unilateralmente aplicó el Gobierno de España en 2012” y la “apuesta decidida y firme con el sistema”.

Señaló que la atención a la dependencia “se mantiene gracias al presupuesto y la voluntad política de la Junta de Andalucía, ya que somos nosotros quienes aportamos el 82% y el Gobierno central sólo el 18%, incumpliendo el compromiso de una financiación paritaria”.

Según sus cálculos, los recortes de la Administración central en materia de dependencia han provocado que Andalucía deje de recibir 730 millones de euros desde 2012, a los que se suman otros 21 por el pago de la teleasistencia avanzada. “Este dinero hubiese permitido la atención de 105.000 personas más”, afirmó.