El águila imperial ibérica está catalogada como ‘en peligro de extinción’ y en Extremadura alberga únicamente unas 50 parejas reproductoras. El caso llevado a los tribunales tiene otros componentes que pueden agravar la pena si hubiera condena porque, además de afectar a una especie amenazada, el envenenamiento se produjo en un espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Interés Regional (ZIR) Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres, según informó este viernes SEO/BirdLife.

La indemnización por responsabilidad civil podría superar los 100.000 euros al valorarse en esta cantidad la conservación de los tres ejemplares de águila imperial, pero podría ser aún más si el juez considerase la inversión realizada en esta especie en los últimos años en Extremadura.

SEO/BirdLife y WWF España recordaron que sólo entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se localizaron seis águilas imperiales ibéricas envenenadas en Extremadura. Desde hace años, esta especie es objeto de programas de seguimiento y recuperación por parte de las administraciones públicas y ONG.

“Se invierten grandes esfuerzos económicos y de personal para recuperar sus poblaciones, incluidos proyectos regionales y europeos como el Programa Life+, que han supuesto una inversión de unos 11 millones de euros en los últimos años en la comunidad autónoma. Por ello, un caso como este supone un grave impacto para la especie y un duro varapalo en su recuperación, comprometiendo, además, la inversión realizada durante años”, declaró David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

Por su parte, Carlos Cano, coordinador del proyecto de lucha contra el veneno de WWF España, destacó que este caso es un “buen ejemplo de cómo se puede investigar y obtener pruebas para presentar acusaciones sólidas”. “La mejor forma de luchar contra la impunidad en estos delitos es que se dicten sentencias contra quienes cometen estos crímenes”, añadió.

TRES DETENIDOS

En el caso denunciado, las ONG subrayaron que hubo un operativo de agentes del Medio Natural de Extremadura, Seprona y la unidad canina especializada en detección de venenos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con el apoyo de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.

En la finca se encontraron en perfecto estado y funcionamiento cepos, trampas para la captura de aves, conocidas como perchas o ballestas, y sedales con anzuelos para la captura de aves insectívoras, así como otros cebos envenenados y un tarro de cristal con un pesticida prohibido desde 2003 que resultó ser el mismo veneno que el encontrado en los animales muertos y en los cebos.

Como resultado de las investigaciones, se detuvo a tres personas relacionadas con la gestión y titularidad de la finca donde se produjeron los hechos, que habían sido investigadas dentro del proceso penal abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cáceres, en el que se han personado WWF y SEO/BirdLife.

En las dos últimas décadas se han registrado oficialmente en España más de 8.000 episodios de envenenamiento que han afectado a casi 19.000 animales y se han dictado unas 80 sentencias condenatorias. Fuera del ámbito sancionador penal, entre 2003 y 2016 se han conocido 91 resoluciones administrativas de las comunidades autónomas, tanto cautelares como sancionadoras ante casos de envenenamiento.

Extremadura es una de las regiones con una menor actividad en este aspecto, por lo que tanto WWF como SEO/BirdLife reclamaron al Gobierno autonómico que “no haga dejación de funciones” y aplique “con mucha mayor eficacia” el apartado sancionador. Por ejemplo, existen otros dos casos de envenenamiento de águilas imperiales en Extremadura en los que el Ejecutivo regional aún no ha abierto el procedimiento sancionador.