El debate en el Pleno se desarrolló por los términos habituales en que los diferentes grupos han venido abordando la ordenanza, que permite que entidades ciudadanas sin personalidad jurídica entren en el censo de asociaciones y puedan utilizar puntualmente espacios públicos municipales y beneficiarse de asesoramiento y bonificaciones.

El delegado del Área, Nacho Murgui, defendió que se trata de poner "orden, criterio y transparencia" a unas fórmulas de colaboración entre las administraciones y el tejido social que ya se están dando, y enumeró diversas actividades que podría respaldar para demostrar la inocuidad de la iniciativa.

La portavoz de Ciudadanos en este ámbito, Silvia Saavedra, la comparó, en cambio, con el cuento de 'La cigarra y la hormiga', porque a su modo de ver Ahora Madrid está trabajando para cuando llegue el invierno de su salida del Gobierno, habilitando que sus entidades sociales afines puedan intervenir en la ciudad en una suerte de "cogobernabilidad" que les permitirá incluso "prestar servicios públicos". Además, alertó de que la ordenanza les "da miedo" porque permite la "adjudicación directa" de subvenciones y locales, cuando lo que quieren las asociaciones es "la libre concurrencia".

La portavoz del PP, Ana García Román, calificó de "innecesaria", "confusa" y "llena de contradicciones" la ordenanza; advirtió de que va a costar mucho dinero al Fondo de Reequilibrio Territorial para simplemente ratificar una situación existente e insistió en que con ella se abre la vía para otorgar subvenciones a colectivos afines y legalizar ocupaciones como la realizada por el autodenominado Centro Social La Ingobernable en el edificio que hace esquina entre el paseo del Prado y la calle Gobernador y tachó de "inaudito" que el Ayuntamiento vaya a invertir 86 millones para hacerse socio de empresas de economía social. No obstante, pareció admitir que la ordenanza como tal no es perniciosa, al aventurar que "ya veremos la letra pequeña", porque "una cosa es lo que dice y otra la que se hará".

El portavoz del PSOE, Ramón Silva, contestó a algunos de los temores de PP y Ciudadanos señalando que la ordenanza no permite a las entidades sociales prestar servicios públicos, que el Consejo Sectorial tendrá una composición paritaria entre Gobierno y oposición que decantaría un representante vecinal y que las asociaciones sin personalidad jurídica, a diferencia de las que sí lo tienen, no podrán usar más de 30 días espacios municipales ni acceder as subvenciones por la vía del convenio, sino por la habitual de concurrir a convocatorias.

Murgui también subrayó que las 2.200 asociaciones y 2.800 fundaciones no son sólo amigas de Ahora Madrid, sino de todos los grupos, porque "resuelven problemas más allá de donde llegan la Administración y el mercado", y acusó a PP y Cs de ser "muy antiguos", porque a su juicio "temen a la gente" y "arrojan la sombra de la sospecha" sobre iniciativas que han ayudado a superar la crisis económica. Por último, dijo que el nivel económico de ayudas no está muy por encima del que se concedía a entidades sociales cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.