Achacó este hecho a los “requisitos restrictivos” para obtener esta prestación y a “la complejidad de la documentación”. A su juicio, “se está limitando el acceso de la prestación y se está expulsando del sistema a muchas familias que están incluidas en el mismo”.

“No es la primera vez que hablamos de la simplificación administrativa de la RMI y está claro que ejemplos de agilidad hay muchos”, señaló Navarro, quien pidió a la Administración que “aprenda”.

Se mostró contraria a establecer un clima de “desconfianza y miedo”, porque las personas deben sentirse “con oportunidades” y no se les puede obligar a aceptar públicamente “que son pobres” para acceder a las ayudas.

Sobre este mismo asunto, el diputado de Podemos Raúl Camargo instó al Gobierno regional a que se reúna con los afectados para que sean conscientes del “problema real” que existe.

Acusó al Gobierno de “estar desmantelando el sistema de Renta Mínima en la Comunidad” y dijo que “la mayoría de los casos es por fallos administrativos”. “No hay menos necesidades sociales, sino que el proyecto de Cristina Cifuentes y ahora Ángel Garrido es no ayudar a toda la gente que lo necesita en esta Comunidad”, aseguró.

El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero explicó que este tema “preocupa a todos” y señaló que “no nos convencen las explicaciones de la mejora económica” dadas por la Comunidad. Cs defiende modificar la gestión y acabar con “la carrera de obstáculos” en la que se ha convertido la ayuda.

La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, explicó que queda pendiente “el abordaje de una reforma de la regulación de esta prestación”. “El número de hogares perceptores ha pasado de los 22.163 al inicio de 2015 a los 29.550 al final de 2017 o los 27.230 actuales. También se producen descensos en el número de perceptores porque la RMI no es sinónimo de pensión, porque si se reduce el desempleo solo puede esperarse que se registren descensos”, añadió.

Además, destacó “la secuencia de obligaciones” que se exige a los perceptores, según establece la normativa, y aseguró que se está trabajando “de manera profesional” y que si se producen errores puntuales, “lo que procede es presentar la reclamación correspondiente”. “No se producen actuaciones reiteradas y deliberadas en contra de lo establecido”, consideró.