Los datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (pendiente de dependencia ministerial en el Gobierno de Pedro Sánchez), recogidos por Servimedia, indican que entre enero y marzo de este año se produjeron 2.563 siniestros forestales, de los que 917 fueron incendios (que arrasaron al menos una hectárea) y 1.646 conatos (con menos de una hectárea quemada).

Se trata de la tercera cantidad más baja de la última década, cuya media es de 28.357,46 hectáreas forestales incendiadas. Los peores años son 2012 (66.865,73), 2017 (38.256,65) y 2009 (37.941,79).

El noroeste peninsular (Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y las provincias de León y Zamora) concentró un 47,83% de los incendios y conatos forestales entre enero y mayo, en tanto que el resto de siniestros se repartieron entre las comunidades interiores (las provincias de las regiones no costeras, salvo León y Zamora), con un 32,03%; el área mediterránea, con un 19,66%, y Canarias, con un 0,47%.

DISPOSITIVO ESTATAL

El dispositivo estatal de lucha contra el fuego es similar al de años anteriores e incorpora la más alta tecnología, como aviones de comunicación y observación, el uso de drones o las herramientas satelitales con el fin de ayudar en la prevención y la extinción de los incendios, según el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO).

El Gobierno español complementará este verano la acción que corresponde a las comunidades autónomas en virtud de sus competencias en Protección Civil y gestión forestal, con medios nacionales y facilitando la incorporación de medios de otras administraciones y la ayuda internacional, cuando ésta resulte necesaria.

En cuanto al Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del Centro Nacional de Emergencias (Cenem), realizará desde este viernes, 15 de junio, hasta el 31 de octubre un seguimiento diario de las situaciones declaradas y suministrará información actualizada a todos los órganos implicados, además de poner a disposición el sistema de detección satelital para realizar simulaciones de la posible evolución de los incendios detectados.

Igualmente, esta Dirección General coordina la aportación de medios internacionales, a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Además, es punto focal del Sistema Europeo Copérnico para cartografía de la Tierra en gestión de emergencias.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán con las comunidades autónomas en la prevención, investigación y extinción de incendios a través de patrullas de vigilancia y equipos del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), las unidades de Caballería de Guardia Civil y Policía Nacional con mayor presencia en zonas con especial incidencia de estos siniestros, como Galicia.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aporta helicópteros que informan de la situación de las carreteras afectadas, y las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con los Centros de Gestión de Tráfico, prestan también apoyo.

73 MEDIOS AÉREOS

Respecto a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (pendiente de dependencia ministerial con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez), mantiene 37 bases repartidas por todo el territorio nacional y cuenta con 73 medios aéreos y 10 Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales (BRIF).

Y el Ministerio de Defensa también contribuye a la lucha contra el fuego. Al igual que en años anteriores, la Unidad Militar de Emergencias (UME) participa en las labores de extinción y en el apoyo operativo y logístico, a solicitud de las comunidades autónomas a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

La UME cuenta con 1.400 efectivos en intervenciones de ataque directo al fuego y con otros 1.500 en funciones de apoyo logístico, junto a los correspondientes medios materiales, tanto terrestres como aéreos. Esta unidad puede desplegar su personal en cualquier punto del territorio nacional en un tiempo máximo de cuatro horas.

Defensa también cuenta con los aviones del 43 Grupo de Ejército del Aire y colabora con la Xunta de Galicia en labores de prevención a través de la Operación 'Centinela Gallego' y con la Junta de Castilla y León para el despliegue de drones en una zona aérea segregada del Bierzo.

SIN PLANES DE EMERGENCIA

Por otra parte, ocho de cada 10 municipios de España situados en zonas de alto riesgo de incendio no tienen planes de emergencia, un requisito obligatorio recogido en la Ley de Montes y en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

Ésta es la principal conclusión del informe ‘Protege el bosque, protege tu casa’, elaborado por Greenpeace en colaboración con Medi XXI-GSA (consultora especializada en ingeniería forestal y gestión de emergencias) y presentado esta semana. El documento parte de la recopilación de datos solicitados a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla sobre 10 criterios, cinco de ellos relacionados con planes y normativa.

De los 4.977 municipios definidos como zona de alto riesgo de incendios, sólo 1.056 cuentan con planes de emergencias aprobados; es decir, el 80% de las localidades españolas en áreas inflamables carecen de este requisito para combatir el fuego.

En cuanto a la valoración de la planificación contra los incendios, tres comunidades autónomas (Cantabria, Navarra y País Vasco) y Ceuta obtienen una nota muy deficiente, y ocho regiones son valoradas con una puntuación deficiente (Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia). Cabe destacar que Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora sufrieron el año pasado el 51,57% de los incendios.