La Fadsp subrayó que “es necesaria una nueva ley que solucione legalmente el supuesto en el que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento pueda solicitar que se le administre una medicación que ponga fin a su vida de manera anticipada, porque no hay derecho a vivir a cualquier precio, sin condiciones dignas y con sufrimiento y dolor irreversibles e intolerables”.

En un comunicado, la federación indicó que “una muerte es adecuada o buena cuando esta asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios, ya sea en su domicilio o en el hospital, en compañía de sus familiares y amigos, rápida y sin prolongar la agonía”.

En cuanto a los profesionales sanitarios, la Fadsp reiteró que “el que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido no obligan a nadie, solo permitirá que a las personas que así lo desean se les reconozcan y respeten sus derechos. Las y los profesionales sanitarios que no quieran verse involucrados en este acto pueden declararse libremente como objetores de conciencia, una vez que lo anuncien previamente y se inscriban en un registro que es necesario articular para ello”.