Según fuentes de Ferraz consultadas por Servimedia, desde la dirección federal se estuvo en contacto con la dirección valenciana y se empujó a que actuara ante los hechos que afectan al también alcalde de Ontinyent, que fue detenido por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos acaecidos en mayo de 2018.

Las dudas sobre la situación de Rodríguez se agudizaron una vez que el detenido acompañó a los agentes durante los registros en su vivienda, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el despacho de la diputación provincial, en el dispositivo coordinado por la Fiscalía Anticorrupción, por mandato del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, con presencia también de efectivos de la Unidad de Ciberdelincuencia y la Jefatura Superior de Policía.

Tras conversaciones entre Madrid y Valencia, a última hora de la tarde, se comunicó que el secretario general del PSPV-PSOE ha propuesto la suspensión de todos los cargos de Jorge Rodríguez. “La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional que nos han dejado 20 años de gobiernos del PP”, dijo Puig en un comunicado.

“El PSPV siempre ha sido contundente, ha luchado y se ha arruinado por defender la legalidad y combatir la corrupción”, remarcó el líder de los socialistas valencianos. Puig, en el comunicado, aseveró que confía en la presunción de inocencia de Rodríguez y remarcó que ahora “serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta”.

Además, para garantizar la estabilidad en la Diputación de Valencia, el PSPV va a proponer a la ejecutiva que el actual vicepresidente de la entidad, Toni Gaspar, sea el candidato a la Presidencia de la corporación provincial.

Las dudas sobre que algo más tiene que haber, reconocen fuentes socialistas, aumentaron una vez que Rodríguez ha pasado la noche detenido. Al inicio de la jornada, se remitían a la aplicación del Código Ético, que establece que se tomarán medidas una vez que haya comunicación de la apertura de juicio oral.