El turno de oficio es un servicio que prestan los colegios profesionales de abogados y procuradores para garantizar el derecho constitucional fundamental a la defensa de cualquier ciudadano.

“Para asegurar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la Comunidad de Madrid financia el coste de las actuaciones del turno de oficio que no cumplen los requisitos de asistencia jurídica gratuita”, manifestó Rollán.

Añadió que los pagos se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Explicó que en los próximos días la Comunidad de Madrid hará efectivos los pagos pendientes de justicia gratuita a abogados y procuradores correspondientes al primer trimestre del año.

De esta manera, destacó, el Gobierno regional mantiene un plazo medio de pago de dos meses y medio desde que se reciben las certificaciones de los colegios profesionales (en este caso se recibieron a finales de abril), frente a los cinco meses y medio de plazo que existía al inicio de la legislatura. Estos pagos se completarán con la parte correspondiente al turno de oficio antes de que acabe este mes de julio.

En total, la Comunidad invierte este año 48,6 millones de euros a asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita más turno de oficio), lo que supone un incremento del 34% desde el inicio de la legislatura. Del total de la partida prevista para este año, 42,8 millones de euros se destinarán a los abogados y 5,8 millones a los procuradores.

Rollán indicó que la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita, sólo por detrás de Cataluña, según el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales.

El portavoz aseguró que de esta forma se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes y dijo que el año pasado se beneficiaron de este derecho 83.600 ciudadanos, alrededor de 3.400 más que en 2016.

En conjunto, el número de expedientes de asistencia jurídica gratuita que se tramitaron fue de 11.850, un 11% más que el ejercicio anterior.

Rollán explicó que la asistencia jurídica gratuita es uno de los tres pilares del Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la legislatura, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización de las infraestructuras judiciales.