Se trata de una nueva disposición autonómica sobre una normativa del Parlament, que ya fue anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional en 2015, que prevé culminar la independencia de Cataluña. La admisión a trámite conlleva la suspensión de los apartados 1 a 5 de la moción en virtud del artículo 161.2 de la Constitución invocado por el Gobierno, que establece la suspensión automática de la resolución parlamentaria catalana.

La providencia da traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña para que en el plazo de 20 días pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que considere convenientes.

El contenido de la moción suspendida señala, entre otras cuestiones, que el “Parlamento de Cataluña, ante las actuaciones del Estado, por medio del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con su mandato democrático ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña”.