La organización ecologista indicó en un comunicado que “la contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas” y que ésta es “una asignatura pendiente a la que aún no se ha puesto solución”.

“La lucha contra la contaminación de nuestras aguas debe ser prioritaria. Es mucho más efectivo cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras hidráulicas como embalses o trasvases”, señaló Julio Barea, responsable de campañas de Greenpeeace.

Esta organización indicó que muchos de los lugares señalados por el Tribunal de Justicia de la UE (como Gijón, Vigo, Matalascañas, Santiago de Compostela, Peñíscola, Benicarló, etc.) estaban en el foco de Greenpeace, que ha recogido esta situación en diversos informes desde 2005.

A pesar de que su toxicidad es inferior a la de otros agentes contaminantes (por ejemplo, la industria química), el volumen de los vertidos urbanos ha adquirido tal importancia que, según Greenpeace, podría afirmarse que, en muchos casos, es el principal causante de la pérdida de calidad y degradación de los ríos. “Todavía existen decenas de municipios y ciudades que no depuran convenientemente sus aguas. Hay plantas construidas que no están funcionando y otras que lo hacen de forma deficiente”, añadió.

Para revertir esta situación, Greenpeace propuso que el Gobierno y las comunidades autónomas establezcan planes reales, y que se cumplan, de depuración del 100% de las aguas residuales urbanas y articular un sistema de supervisión del correcto funcionamiento de las depuradoras, que las autonomías y los ayuntamientos apuesten por sistemas separativos de los vertidos de aguas urbanas e industriales para lograr un correcto grado de depuración, y que los gobiernos autonómicos controlen los vertederos y puntos críticos de contaminación especialmente peligrosos y con antecedentes contaminantes.