Este dato evidencia, a juicio de la ONG, un aumento de la “criminalización” del personal humanitario que se une a la reducción del “espacio humanitario” derivada de ataques a instalaciones y personal de ONG.

Y ello, a pesar del número ascendente de crisis humanitarias como consecuencia de conflictos, pero también de la proliferación de sequías, malas cosechas, inundaciones, fruto del cambio climático o la acción de industrias extractivas.

En este punto, la ONG recordó que unas 136 millones de personas necesitan asistencia y protección humanitaria en el mundo, lo que supone un 5% más que en el pasado año, según las previsiones para 2018 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Asimismo, apuntó que la cifra de desplazados forzosos en el mundo asciende a 68,5 millones, lo que implica un incremento del 50% con respecto a hace diez años, conforme a los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Ante este escenario, Acción Humanitaria lamentó que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 la ayuda humanitaria haya supuesto 19 millones de euros, “tan solo dos millones más que el año anterior”, por lo que exigió que se destine a este capítulo “como mínimo” el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Por estas razones, ante la conmemoración, el domingo, del Día Internacional de la Acción Humanitaria la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo reivindicó la labor de organizaciones y trabajadores que se esfuerzan por “aliviar" el sufrimiento de miles de personas y a defender sus derechos fundamentales, por lo que “jamás deben ser un objetivo de los ataques de grupos terroristas o de las partes enfrentadas en un conflicto”.

“Nosotras estamos y estaremos siempre del lado de quien padece las consecuencias y no de quien las provoca”, insistió la coordinadora, que consideró “muy preocupante" la reducción, en los últimos años, del espacio humanitario y la "pasividad" de la comunidad internacional al respecto.

De otro lado, instó a la Unión Europea y sus estados miembro a que “pongan fin a unas políticas migratorias que están poniendo en riesgo la vida de miles de personas” y a que no autoricen la venta de armamento a países en guerra que violan los derechos humanos.

Al mismo tiempo, urgió a la UE a poner fin a los acuerdos de externalización de fronteras con aquellos países en los que hay constancia de “graves violaciones de los derechos humanos”.