Junto a los socialistas, los representantes de Ciudadanos, PP, Unidos-Podemos, ERC, PNV, PDECat y la gran mayoría del Grupo Mixto emitieron su voto favorable. En la presentación del proyecto, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, destacó el carácter extraordinario de la convocatoria, pues está pensada para “hacer frente al incremento exponencial” de las peticiones de asilo recibidas por España.

En concreto, explicó, busca “solucionar el colapso” en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que de 15.000 solicitudes en 2016 pasó a casi 30.000 en 2017, “sin ningún refuerzo de medios”. “Se espera alcanzar las 50.000 peticiones en 2018”, agregó.

De las 323 plazas adicionales, 231 estarán destinadas a reforzar la OAR (dependiente del Ministerio del Interior) y el resto dependerán del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Según Batet, El objetivo de esta medida es agilizar la tramitación de las solicitudes de protección internacional, que en lo que va de año ya superan las 26.000. “Valorar de forma adecuada las demandas de asilo requiere de medios, sin los cuales se pone en riesgo el derecho a la protección internacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por España”.

"UN PARCHE"

Aunque apoyaron la convalidación del decreto, la mayoría de los grupos de la oposición se mostraron críticos con la política migratoria del Gobierno. Esta fue la postura de la diputada del PP Susana López Ares, para quien “este proyecto es un mero parche” en una política “llena de iprovisaciones”.

López Ares, al igual que Ciudadanos, acusó al Gobierno de “lanzar un mensaje a las mafias” con anuncios y actuaciones “pomposas e irresponsables” como las acciones relacionadas con el buque 'Aquarius', que han hecho que “España se convierta en la primera ruta de entrada a Europa”.

Por su parte, el diputado de Unidos-Podemos Marcelo Expósito calificó la medida de “claramente insuficiente” y exigió un plan integral para la acogida y atención de la inmigración.