El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que el cambio busca mejorar la ratio de alumnos por aula, la jornada docente y el periodo de sustitución de profesores. Sin embargo, CSIF señaló que el anteproyecto es "un plagio tramposo" con el que el Ejecutivo "incumple" su promesa de derogar de manera "íntegra" el decreto de recortes educativos, además de llegar a la mesa del Gobierno "sin haberse negociado" con los sindicatos, "representantes legítimos de los trabajadores para negociar las condiciones laborales".

Por ello, CSIF "exige" la derogación "absoluta y desde ya" del real decreto, así como establecer una horquilla para homologar las horas lectivas en toda España y un calendario para negociar un Estatuto Docente "que atienda" las demandas de este colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social, entre otras.

En conclusión, desde CSIF se "reclama" una nueva Ley Orgánica de Educación, a través de un pacto de Estado. Esta ley debe fundamentarse, de acuerdo con el sindicato, en "potenciar" la educación de titularidad pública.

Del mismo modo, las reclamaciones también incluyen una Ley de Financiación "cuyo horizonte sea el siete por ciento del PIB", una reducción "generalizada" de ratios de alumnos y un "incremento" de las plantillas docentes.

LAS "TRAMPAS" DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto deja en manos de las comunidades autónomas la reducción de los horarios, lo que a juicio del sindicato "abre la puerta" a "diferencias" entre compañeros de las distintas autonomías y, sobre todo, a diferencias "en la calidad" de la educación que reciben los alumnos.

El anteproyecto, además, no es inmediato y no entrará en vigor, como mínimo hasta el próximo curso, dado que depende del futuro trámite parlamentario, por lo que CSIF lamenta que "no se pondrán en marcha soluciones inmediatas" a problemas "tan graves" como el déficit en las plantillas, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada, el exceso de burocracia en los centros o la obligación de los centros de ofertar dos bachilleratos.