Borràs hizo estas declaraciones durante este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, coincidiendo mañana con el primer aniversario de uno de los hechos que marcaría el 1 de octubre de 2018 y los acontecimientos que se desencadenaron después del referéndum ilegal celebrado el año pasado en Cataluña.

Mañana se cumple un año de los registros de la Guardia Civil en la Consejería de Economía, en la Rambla de Catalunya de Barcelona. Estos registros motivaron una concentración espontánea y masiva en el centro de Barcelona en la que tuvo lugar la imagen que después llevaría a prisión a los líderes de Omnium Cutlural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.

A cuenta de aquellos hechos, Borràs aseguró esta mañana que “allí no nos podíamos ni imaginar que lo que pasó entonces llevaría a la situación actual, que es que Cuixart y Sánchez llevan un año privados de libertad de forma preventiva, sin juicio, y todo ello por un gesto pacífico”.

Borràs dijo que “no se puede hablar de una violencia que no existió" y manifestó que "vivimos en una situación de despropósito colectivo y hace demasiado tiempo que dura todo esto”. Por ello, llamó a seguir adelante a pesar de la situación de “anormalidad”, pero “siempre con el retrovisor puesto porque no podemos olvidarnos de lo que pasó hace un año”.

En este sentido, para el primer aniversario del 1 de octubre, la consejera de Cultura de la Generalitat anunció que en el centro cultura Arts Santa Mónica, en la Rambla de Barcelona, se instalará una exposición que ya pasó por Bruselas y Perpiñán que lleva por título '55 urnas para la libertad'.

Se trata de una exposición que recoge las obras de arte de 55 artistas catalanes e internacionales que muestran su visión de los hechos del 1 de octubre a partir de urnas utilizadas el día del referéndum. En la muestra, las urnas de plástico protagonistas el 1-O se transforman en creaciones artísticas para hacer reflexionar al visitante sobre aquella consulta que previamente fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Constitucional.