La parlamentaria consideró que esta orden “impide el goce de un derecho a la prestación de un servicio público”, por lo que debe ser “cambiada o eliminada de manera inmediata”.

Explicó que la citada orden, que regula el procedimiento de acceso a una plaza pública, en su artículo 3 establece como límite los 60 años para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un recurso residencial especializado.

La diputada destacó que desde 2013 el tejido asociativo de la discapacidad viene solicitando ese cambio y dijo que para las personas con discapacidad intelectual esta orden significa una pérdida del derecho a la asistencia que necesitan por su discapacidad.

Además, añadió, el criterio que funda esa norma se identifica con una circunstancia de orden personal como es la edad, por lo que "configura entonces una segunda causa de discriminación que no desplaza, sino que se suma, a la anterior (discriminación múltiple)".

Destacó que desde entonces muchas familias han solicitado un cambio en la normativa para que las personas con discapacidad intelectual mayores de 60 años tuviesen la opción de que se les reconozca en el Programa Individual de Atención de la Ley de Dependencia el servicio de atención residencial especializada en discapacidad intelectual.

"Lamentablemente hasta la fecha la Comunidad de Madrid no ha dado respuesta a esta petición", destacó la diputada socialista, quien señaló que "con esta orden, las personas mayores de 60 años con discapacidad intelectual son trasladadas a una residencia para mayores sin discapacidad".

A su juicio, "el hecho de no estar en un recurso especializado en el caso de personas mayores, puede provocar un importante deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual".

Igualmente, destacó que las instalaciones y los servicios de las residencias de mayores no cuentan con las adaptaciones necesarias, ni el personal tiene la preparación y especialización para que éstas personas puedan disfrutar, en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos, de un nivel de vida y unos cuidados adecuados.

"Sin contar las consecuencias que, para la estabilidad personal y emocional, puede tener el desarraigo que provoca el cambio de su entorno habitual elegido y especializado", concluyó.