En un comunicado, UNAF criticó la exclusión del derecho a la IVE de muchas mujeres por su situación administrativa y, aunque mostró su satisfacción por el anuncio del Gobierno de recuperar la sanidad universal, le preocupa que este decreto no garantice la asistencia a todas las mujeres embarazadas, “al quedar fuera aquellas que no tengan acreditada una estancia mínima de 90 días en territorio español”. “En el caso del derecho a la IVE, esto pone en riesgo el cumplimiento de los plazos máximos (14 semanas) para poder llevarla a cabo”, puntualizó.

Por eso, “confiamos en que el Gobierno apruebe de forma urgente el reglamento que desarrolla este realdecreto y asegure la atención inmediata a todas las personas que residan en territorio español”, señaló.

Además, UNAF constató numerosas trabas burocráticas y administrativas que obstaculizan el derecho de muchas mujeres a la IVE, especialmente de aquellas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Explicó que "el itinerario burocrático actual para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo afecta sobre todo a estas mujeres, que por su realidad laboral, socioeconómica o incluso de emergencia se ven excluidas de este derecho a los servicios públicos de salud y obligadas a recurrir a servicios privados o a medios clandestinos, poniendo en peligro su salud y su vida".

Por último, UNAF puso de manifiesto la importancia de que los profesionales desarrollen “competencias interculturales para garantizar el acceso en igualdad a la asistencia sanitaria de todas las mujeres, independientemente de su origen y cultura”.