El Consejo de Gobierno dio hoy luz verde al decreto por el que se aprueba el plan de actuación contra el uso ilegal en el medio natural de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es erradicar el uso ilegal de cebos envenenados como procedimiento de control no selectivo de especies animales silvestres, algunas de ellas en peligro de extinción, y con potenciales riesgos para la salud pública.

Rollán afirmó que el citado plan cuenta con medidas de prevención para disuadir el uso de esta práctica y aplicar procedimientos de actuación ante el aviso o hallazgo de fauna o cebos presuntamente envenenados; medidas de coordinación entre todos los actores involucrados en la lucha contra el uso ilegal del veneno en el medio natural, e incrementar la eficacia de las acciones dirigidas a la persecución del posible ilícito penal, y medidas de promoción para fomentar la formación y sensibilización entre los sectores implicados en la gestión del medio natural.

Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid colaborarán con miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la vigilancia y localización de presencia de veneno.

El portavoz señaló que estas tareas de vigilancia se llevarán a cabo en cualquier tipo de territorio, priorizando especialmente la presencia de agentes de la autoridad en zonas donde el riesgo de colocación de cebos envenenados pueda ser mayor, como terrenos con antecedentes o sobre los que exista información fiable o sospechas fundadas de su utilización, y zonas con antecedentes de conflictos generados por la existencia de daños a los intereses económicos de las personas en áreas agrícolas y ganaderas.

También será prioritaria la vigilancia en áreas de especial importancia para la reproducción, alimentación o descanso de especies necrófagas, en especial para el águila imperial ibérica, águila perdicera, buitre negro, águila real, milano real, milano negro, lobo ibérico y avutarda.

Según Rollán, el impulso de esta medida se contextualiza en el marco de la política de conservación de fauna de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y refuerza otras acciones de conservación de especies protegidas aladas como el inminente Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, que, entre sus medidas, exige acciones preventivas en la línea de este decreto.

El decreto aprobado por el Gobierno regional, establece el procedimiento de seguimiento y control de casos de envenenamiento y empleo de cebos envenenados, sistematizando el conjunto de acciones desde el momento en el que se localiza un cadáver de fauna silvestre hasta la iniciación de las diligencias en la vía penal.

“Todo ello con el fin de asegurar la seguridad jurídica y legalidad de todo el procedimiento (toma de muestras, investigación, etc.) y que lleguen a buen fin las acciones desplegadas”, añadió Rollán.

A este respecto, señaló, cuando se tenga conocimiento del hallazgo de cebos o fauna presuntamente envenenada, los hechos se pondrán en conocimiento inmediatamente de la Sección del Seprona de Madrid de la Guardia Civil, la cual lo comunicará al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en caso de requerir su auxilio y colaboración, para propiciar la coordinación entre las unidades y evitar duplicidades.

Los resultados toxicológicos sobre presencia de veneno en las muestras analizadas, junto con la información recabada, serán remitidos a los juzgados o a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Sección del Seprona de Madrid.

La Comunidad promoverá actuaciones formativas para divulgar el contenido del plan de actuación a distintos sectores sociales involucrados, como jueces y fiscales de medio ambiente, autoridades ambientales (agentes forestales y Guardia Civil, principalmente), técnicos de las administraciones y federaciones y representantes de los sectores agrarios y cinegéticos, y ha contado con el ofrecimiento de colaboración de las principales entidades de conservación.

Por último, indicó Rollán, se promoverá la capacitación adecuada del grupo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid para la persecución del uso ilegal de veneno, y la divulgación del número de teléfono de los técnicos de guardia y el teléfono de emergencias 112 para comunicar los casos de envenenamiento.