Las asociaciones de transportistas no aceptan la decisión del Gobierno, acordada con la Generalitat de Cataluña, que obliga a esos vehículos pesados a usar las autopistas de peaje AP-7 y AP-2.

En un comunicado, Fenadismer y el resto de entidades que forman parte del comité se quejan de una norma que fuerza al desvío obligatorio al peaje a los más de 4.000 camiones que diariamente transitaban por estas carreteras nacionales.

Por eso, han acordado recurrir judicialmente la medida, "al considerarla discriminatoria tanto por la obligatoriedad establecida a los desvíos de los camiones a las autopistas de peaje frente a su carácter voluntario para el resto de vehículos, como por el reducido importe de la bonificación, así como por la atribución 'injusta' y 'populista' de la siniestralidad en las carreteras al sector del transporte, ya que ello no se ajusta en modo alguno a la realidad, al ser precisamente los vehículos de transporte de mercancías las únicas categorías de vehículos que han visto reducir su siniestralidad en 2017, según los datos anuales publicados por la DGT", señala la nota.