En un comunicado, los dos sindicatos aplaudieron así el acuerdo por el que se incorporan dichas sustancias en la segunda revisión de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo.

El acuerdo, además, establece la inclusión de límites máximos de exposición para varios agentes, entre ellos los humos de los motores diésel.

“Consideramos el acuerdo positivo”, indicaron ambos sindicatos, que reivindicaban la clasificación de los humos de los motores diésel como cancerígenos y destacaban “la importancia que tiene para la protección de la salud y la seguridad de millones de trabajadores y trabajadoras en toda Europa”.

En concreto, los sindicatos explicaron que estas emisiones, conocidas como DEEE, “son mezclas complejas y no homogéneas de gases, aerosoles y partículas, resultado de la combustión del combustible diésel”, y que en 2012 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó las DEEE como cancerígenos tipo 1 (cancerígeno en humanos probado). La exposición ocupacional a las DEEE puede ocurrir en múltiples sectores y se estima que entre 8 y 19 millones de personas están expuestas en sus trabajos a las DEEE en Europa.

Las DEEE se encuentran entre los cancerígenos con un mayor número de trabajadores expuestos en Europa, por lo que UGT y CCOO consideran que su inclusión en el Anexo III de un límite de exposición profesional “reducirá considerablemente el número de futuros casos de cáncer de pulmón ocupacional y de otras enfermedades”. Según la evaluación de impacto de la Comisión Europea, la implantación de este valor límite evitaría 230.000 muertes en los próximos 60 años.

OTROS AGENTES

Además de la inclusión de las emisiones de humos diésel se ha acordado ampliar ese listado en siete agentes más, entre ellos los aceites de motor usados y varios tipos de etilenos que son nocivos para la salud. Se trata de sustancias que sobre todo se inhalan y que se dan en diferentes sectores. Según los sindicatos, hay estimaciones de que se podrían proteger a 20 millones de trabajadores y trabajadoras en Europa.

El acuerdo alcanzado por las tres instancias europeas debe ser validado por el Consejo y el Parlamento Europeo y una vez sea publicado, entrará en vigor, teniendo los países miembros de la UE hasta dos años para adaptar sus normativas a ese contenido.