La iniciativa que presentó el PSOE se aprobó con 345 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Durante el debate parlamentario, la diputada Pilar Cancela fue la encargada de defender la iniciativa, que se tramitará por vía de urgencia, según anunció este martes la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

La proposición establece modificar en algunos puntos la ley de igualdad de 2007 y recoge que la composición del consejo de administración de las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias “deberá cumplir con el principio de presencia equilibrada a partir del año 2023”.

También limita el derecho empresarial a distribuir irregularmente la jornada de trabajo, a movilidad geográfica o a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de tal manera que, cuando la empresa tome tal decisión, deba considerar las necesidades de las personas trabajadoras que están ejercitando sus derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Se reconoce plenamente el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, en el caso de personas trabajadoras con hijos o hijas tras la reincorporación de un permiso parental y hasta que cumplan doce años, respetando lo que esté regulado en la negociación colectiva y previendo un procedimiento para lograr el acuerdo entre las personas trabajadoras y la dirección empresarial.

Asimismo, el permiso por parto se reduce a seis semanas obligatorias tras el nacimiento, destinadas a la recuperación de la salud de la madre; se introduce un permiso por nacimiento para el otro progenitor de seis semanas obligatorias, y se reconoce un permiso parental, igual e intransferible, para el cuidado de menor de 12 meses, sea por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, de diez semanas de duración para cada progenitor.

La proposición de ley contempla que, en el marco de la autonomía colectiva, los agentes sociales negocien acciones positivas a favor de las mujeres cuando existan situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres; la creación de la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación, y un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

La diputada socialista puso en valor que la ley de 2007 fue “integral y trasversal” pero “tenemos que ser críticos y conscientes de que aquellas disposiciones no han tenido el resultado que se esperaba en su momento”.

Cancela destacó que se trata de “acabar con esos suelos pegajosos” que supone la sobrecarga de trabajo para las mujeres y conseguir acciones en positivo para revertir la desigualdad. “No estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar”, afirmó.

Desde el PP, la diputada Carmen Dueñas manifestó el voto favorable a la iniciativa porque “creemos, sin necesidad de etiquetas, en la igualdad con mayúsculas”.

No obstante, Dueñas achacó al PSOE que “deberían haber tenido coherencia y haber defendido en el pasado lo que hoy defienden”.

La diputada aprovechó la ocasión para criticar el acuerdo presupuestario del Gobierno socialista con Podemos y decir que es un pacto “irresponsable y falto de rigor, y penaliza a mujeres y hombres”.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz lamentó que la iniciativa no recoja medidas para la igualdad en materia de Seguridad Social y en materia de pensiones, que la presencia “equilibrada” de mujeres en los consejos sea en 2023 y que no hayan aprovechado para “remodelar” el Instituto de la Mujer.

La proposición de ley es “buena para este país” y “nosotras sí que nos metemos en esto”, afirmó.

Desde Ciudadanos, Patricia Reyes criticó que es un “calco” de la ley de 2007 y que “se están aficionando ustedes a esto de los plagios”. Dijo a la diputada socialista que “no es el momento de plagiar leyes ni de poner parches” y que “ni humo, ni propaganda, que es lo que venden ustedes”.